La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, siempre ha dejado clara su postura de subir el salario mínimo interprofesional (SMI), año a año, después de conseguir consensos en una mesa de negociación tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal). Pero no siempre ha sido así ya que, desde los primeros instantes, surgen desavenencias con CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) quienes, por ejemplo, en 2025 apostaban por un incremento del 1,5% para 2026 o con los sindicatos UGT y CCOO que reivindican “al menos un 7% en 2027”.
Lo cierto es que, ahora, tanto el organismo que preside Antonio Garamendi como Cepyme (Ángela de Miguel) entienden que la intención de Trabajo de dar luz verde a este incremento, que sería superior (un 5,3%) al que recomiendan los expertos (4,9%) responde únicamente a intereses electoralistas habida cuenta de que la fecha de las elecciones (29 de noviembre) está más cerca.
En un comunicado, ambas entidades resaltan que “la subida del SMI planteada por el Ministerio de Trabajo hasta llegar a los 18.004 euros anuales es una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales”.
Ha denunciado que, aunque desde el departamento de Díaz se citó a los agentes sociales a una negociación para estudiar el informe presentado por los expertos, este ya se había filtrado a algunos medios de comunicación “sin que se llevase a cabo un proceso de diálogo”. En este encuentro, señalan, no se ha articulado ninguna propuesta por lo que el Ministerio ha procedido a “fijar una subida del 5,3% que también hemos conocido por la prensa”.
Lo ideal, continúan en el comunicado “sería reservar la decisión para el Ejecutivo que resulte elegido sea del color político que sea, y adoptarla antes de que termine 2026 respetando siempre los plazos legales”.
Una negociación tranquila para terminar con la incertidumbre
Ambas organizaciones empresariales coinciden cuando apuntan a que no es conveniente precipitar las decisiones porque eso impide que se cuente con indicadores económicos que sean precisos dentro del contexto de incertidumbre económica en el que se encuentra sumido el país. Por eso, respetan que se adopte una “alternativa que es la de actuar con lealtad institucional, esperar el resultado electoral y tomar la decisión con mayor información técnica”.
Estas mejoras deben ir de la mano con el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo (en octubre, los datos del paro revelan un alza con 43.128 desempleados más), una mejor competitividad y productividad para las empresas y un funcionamiento adecuado de la negociación colectiva, reivindicación que Garamendi ha realizado ya en múltiples ocasiones.
Desde CEOE y Cepyme destacan la importancia que estas negociaciones para la subida del SMI tiene tanto para las pequeñas empresas como las más grandes, así como en determinados sectores que necesitan incrementar la mano de obra y familias que “necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional y que se verán incrementados por encima del IPC”.
Sin actualización de los contratos públicos
“Resulta especialmente sorprendente la actuación del Gobierno, que está impulsando los incrementos salariales mientras mantiene desde hace casi diez años sin resolver la actualización de los contratos públicos para permitir que las empresas adjudicatarias puedan repercutir en mayores costes laborales”.
Y no, no están en contra de que se suban los salarios. Pero sí de su empleo como arma política y reclaman que, antes de tomar cualquier decisión, se acuda al diálogo social “leal, con criterios económicos y objetivos teniendo en cuenta el impacto sobre el empleo, las empresas y las familias”.