Las dos posibles medidas que baraja el Gobierno para bajar el precio de la gasolina y el diésel

A la espera de soluciones de la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda abre las puertas a una rebaja fiscal sobre los combustibles similar a la ejecutada sobre la factura de la luz.

Las dos posibles medidas que baraja el Gobierno para bajar el precio de la gasolina y el diésel
El Gobierno abre la puerta a una posible rebaja fiscal de los carburantes
Javier Martín

España y Europa escriben la historia día a día…negativamente. Desde 1986, hace 36 años, no se pagaban semejantes cifras por los productos básicos. La gasolina sube un 25,1%, el diésel un 28,4%, y la electricidad un 80,5%. Concretamente, la gasolina supera ya los 1,96 euros/litro, mientras que el diésel, los 1,932 euros/litro. En resumen, llenar el depósito cuesta casi un 36,58% más caro que hace apenas unos meses. En el caso de la luz, casi un 1000%. “Una situación crítica”, como calificaba Cuca Gamarra, diputada del Partido Popular.

Todo este caldo de cultivo puso en ebullición la inflación, que según certificó el Instituto Nacional de Estadística (INE) numéricamente, ya alcanza el 7,6% en su tasa general de Índice de Precios al Consumo (IPC). Por ello, el Gobierno toma la iniciativa. “Vamos a estudiar un paquete de medidas, algunas de ellas pasarán por revisar a la baja la fiscalidad de algunos sectores o productos que estén claramente impactados por el incremento de la inflación”, adelantaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Conferencia de Presidentes.

El estallido del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, uno de los principales surtidores de petróleo europeos, ha acabado de ponerle la guinda a la escalada de precios. Francia ya ha movido ficha, rebajando quince céntimos por litro, sufragados con dinero público. Y Europa ya ha citado a los estados miembro el próximo 24 y 25 de marzo para tratar de desligar el precio del gas y de la electricidad y tratar de topar los de los carburantes.  "El Gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que está en nuestra mano", adelantó Pedro Sánchez el domingo. ¿Pero qué es ese todo?

¿Cómo quiere rebajar el Gobierno el precio de los carburantes?

Al igual que la rebaja del 21% al 10% del IVA que aplicó en la factura de la luz el pasado año y que ha supuesto entre 10.000 y 12.000 millones de euros menos de recaudación, el Ejecutivo pretende también topar mediante el aspecto fiscal el precio de la gasolina y el diésel. Pero si en el campo de la electricidad el Gobierno está atado de manos por el sistema discriminatorio de precios en el mercado mayorista europeo, en el que el precio de la energía más cara marca el de las demás, en el de los hidrocarburos tiene mayor campo de acción.

La primera vía de acción sería reducir el IVA actual aplicado sobre ellos del 21% actual al 10%. Sin embargo, ni la gasolina ni el diésel son bienes a los que se les pueda aplicar reducción de este gravamen, por lo que deberá esperar a la cumbre de Bruselas para recibir luz verde. La otra, el impuesto especial que se aplica sobre los hidrocarburos, de 47 céntimos de euro por litro de gasolina y de 38 en el diésel, y que sí puede rebajar autónomamente. Eso sí, hasta el mínimo que fija Bruselas. Como ocurre con la luz, en el que el tipo específico para este sector se ha rebajado al 0,5%, no pudiéndose bajar más.

Los impuestos de los carburantes, una mina para el Gobierno

Esta ultima opción es la preferida en estos momentos por la urgencia de la situación. Sin embargo, también tiene sus peros. El contexto económico de recuperación tras la pandemia del Covid-19 y las debilitadas arcas, sobre todo de la Seguridad Social, imploran a no rebajar los impuestos.

A pesar de que España es de los países europeos que menor carga fiscal aplica sobre la gasolina y el diésel, sobre todo porque sus impuestos especiales son más bajos, resultan una fuente de ingresos altamente considerable para las arcas estatales: de los casi 12.500 millones de euros de recaudación que está previsto para el impuesto de hidrocarburos, 6.000 son para el Estado y 6.500 para las autonomías.

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