El casero (arrendador) tendrá que pagar al inquilino (arrendatario) una indemnización de 12 meses de alquiler en caso de que decida de forma unilateral romper el contrato de arrendamiento. Pero, para que esto sea así, tendrá que aportar una causa justificada en la que quede claro el motivo por el que necesita la vivienda. En caso de que no lo haga de este modo, este vínculo no podrá romperse.
Esta es una de las medidas que aparecen en el decreto ley que establece la renovación automática de los contratos de alquiler para que estos pasen a ser indefinidos y así lo ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar).
Poco antes de comenzar la sesión de control al Gobierno de los miércoles, que en esta ocasión se ha centrado en el recién aprobado decreto de la vivienda, Bustinduy ha atendido a los medios de comunicación ante quienes ha defendido la renovación automática de los contratos de alquiler que se incluye en el segundo de los dos decretos que se aprobaron en el Consejo de Ministros que es el que queda pendiente de publicar en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
El modelo de contrato de alquiler indefinidos, según el ministro, existe “en media Europa” y es algo “de sentido común” porque cuando un contrato termina a los cinco años, si es una persona jurídica quien suscribe el contrato se renovará automáticamente a menos que haya una causa justificada.
Causas justificadas para no renovar un contrato
Entre las causas justificadas que impiden la renovación o llevan a romper un contrato, según el ministro del partido rosa, están la de que el propietario lo necesite para vivir o para un familiar o causa parecida, apuntando que “si no quiere renovar el contrato, tendrá que indemnizar”. Ha comparado este sistema al que se da en las empresas con las relaciones laborales. “Si te despiden, te deben indemnizar cuando no hay causa justificada”.
Ha presentado la medida como una transformación del mercado del alquiler en España ya que está pensada para dar “seguridad y certidumbre” a los inquilinos “terminando con la ansiedad” de saber cuándo va a vencer el contrato evitando situaciones en las que el casero “eche al inquilino para cobrar un 40% más por el alquiler o para poner un piso turístico”.
“¿Pero quién se opone a esto? ¿Cuál es la razón que lleva a oponerse a esto? ¿Qué intereses defienden los que se oponen a este modelo?”, ha insistido el ministro.
Los decretos “son necesarios y de justicia”
El titular de la cartera de Consumo ha llamado a la movilización de todas las fuerzas políticas para que los dos decretos salgan adelante. “El que pretenda bloquearlos va a sufrir un alto coste político”, ha asegurado.
“Son necesarios y de justicia”, ha enfatizado poniendo en valor el trabajo de todos los partidos que han ayudado a que estas medidas hayan salido adelante en el Consejo de Ministros. “Supondrán una victoria de la clase popular en caso de que sean respaldados este viernes”.
Pensando en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que siguen sin presentarse aunque el plazo constitucional termina este miércoles, ha destacado que son la fiscalidad para disuadir la concentración de propiedades inmobiliarias y la construcción “masiva” de vivienda pública.
