La Unión Europea ha dado un paso más para combatir aquellas prácticas con las que una empresa puede utilizar su posición dominante para expulsar a sus competidores o hacerle más difícil su entrada al mercado. Desde el pasado 3 de septiembre de 2026, la Comisión Europea adoptó las primeras normas sobre abusos excluyentes de posición dominante en aplicación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Entre las prácticas desleales sobre las que Bruselas se ha centrado en mayor medida están los precios predatorios, esto se refiere básicamente a vender por debajo de determinados costes para eliminar competidores, además de quitar márgenes, dejarlos muy pequeños o denegar suministros.
Eso sí, hay un aspecto importante y es que no significa que cualquier empresa de la UE tenga ya de por sí prohibido vender cualquier producto por debajo de su coste de producción. El artículo 102 se dirige específicamente a empresas que ocupan una posición dominante y abusan de ella.
La Directiva establece una protección mínima para los 27 países
El informe oficial de la Comisión Europea (que se puede consultar en este enlace) relativo a estas normas, dedicado a las prácticas comerciales desleales en la cadena agrícola y alimentaria, permite entender además hasta dónde llegan actualmente las normas europeas en otro ámbito relacionado.
El documento señala literalmente que la Directiva es “vinculante para los veintisiete Estados miembros” y establece “un nivel mínimo de armonización mediante el establecimiento de una lista de prácticas comerciales desleales prohibidas”.
Los países, eso sí, pueden ir más lejos.
“Los Estados miembros pueden adoptar o mantener normas nacionales que vayan más allá de las prácticas comerciales desleales enumeradas en la Directiva”, siempre que sean compatibles con el mercado interior.
Y aquí aparece una diferencia fundamental con una prohibición europea general.
La Comisión reconoce expresamente que “las ventas o compras por debajo de los costes de producción y la reventa con pérdidas no se rigen específicamente por la Directiva”. En el momento analizado por el informe, solo cuatro Estados miembros habían introducido disposiciones específicas sobre ventas o compras por debajo de los costes de producción.
Más de 22 millones de euros en sanciones
Todo este sistema cuenta además con autoridades nacionales encargadas de investigar y sancionar los incumplimientos.
Según la Comisión, se detectaron 269 infracciones, aproximadamente el 27% de las investigaciones cerradas, que acabaron generando sanciones económicas por más de 22 millones de euros.
Las irregularidades más frecuentes fueron los retrasos en los pagos de productos agrícolas y alimentarios.
Por tanto, el cambio europeo refuerza especialmente el control sobre las empresas dominantes que utilizan precios artificialmente bajos para expulsar competidores, pero no crea una prohibición idéntica y general de vender por debajo del coste para cualquier empresa de los 27 Estados miembros.
