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Hacienda vigilará las obras y reformas para garantizar la validez de la ficha catastral

Las obras que modifiquen las características inmobiliarias o la información que posea el catastro, y que acaben afectando  a su valor, serán examinadas por el Ministerio de Hacienda. Esto afectará a los impuestos que se recaudan, como el IBI.

Hacienda vigilará las obras y reformas para garantizar la validez de la ficha catastral
Terraza cerrada
Javier Martín
 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública intensificará su vigilancia sobre las tentadoras obras no declaradas fielmente en el catastro para ahorrarse unos euros. Convertir una buhardilla en habitación conectándola con la vivienda, cerrar una terraza para ampliar los metros del salón o situar una casa prefabricada en terreno rústico no habilitado. Estas obras o actuaciones, que acaban significando un cambio en el inmueble, se deben declarar.

De lo contrario, se convierten en irregularidades urbanísticas que acaban teniendo sus efectos en la ficha catastral, cuya obligación es detallar fielmente a la descripción del inmueble, y del que dependerá cuánto se debe pagar en concepto de Impuesto de Bienes Inmueble (IBI).

Por lo tanto, añadir esos metros a la casa o alterarlo de su forma anterior de cualquier manera, por ejemplo, aumenta el pago de este gravamen. Algo que quieren evitar algunos. Otros, simplemente, lo hacen por desconocimiento. Pero para ambos supuestos existen consecuencias. Las irregularidades catastrales están expuestas a multas de entre 60 y 6.000 euros. 

¿Qué es el catastro y qué importancia tiene?

Se trata de un registro de obligatoria inclusión elaborado por el Estado, concretamente Hacienda, en el que se recogen todos los parámetros del inmueble con los que se elabora posteriormente su valor y que este se adecúa a su estado y las circunstancias del mercado. Según este, habrá que pagar más o menos IBI. Por ello, es importante que sea lo más fidedigna posible.

Pero también tiene utilidad jurídica y tributaria. A partir de él se establecen el IBI y el impuesto de la plusvalía, pero también el IRPF. O, en menor medida, el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones. Del mismo modo, los datos catastrales son usados para determinar la capacidad económica en la concesión de diversas ayudas públicas. Es otra ayuda para verificar que se carece de propiedades para acceder a la ‘justicia gratuita’.

Un programa para combatir el fraude catastral

Por ello, el ‘Programa 932M’ impulsado por el Fisco y dirigido a la gestión del catastro inmobiliario va a “intensificar la lucha contra el fraude, para adecuar la descripción catastral de los inmuebles a la realidad”. Se trata, por tanto, de sistematizar un mecanismo para descubrir estas ilegalidades con tal de hacer más fácil la calibración de un buen número de tributos de base inmobiliaria.

Entre ellos no solo se encuentra el IBI, si no otro popularmente conocido como el impuesto de plusvalías (IIVTNU). Y su cobro, aún más necesario para la Administración tras la pandemia y la posterior inflación, es básico, por lo que efectuar una correcta declaración por parte del contribuyente es indispensable para gestionarlo correctamente.

Para ello, contarán con la ayuda, como viene siendo habitual, de las comunidades autónomas. Estas poseen los tributos de las bases imponibles de los valores referencia de los inmuebles que se ubican en el catastro. A ellos se unirán un mayor grado de colaboración de los ayuntamientos a la hora de radiografiar cualquier cambio en el suelo inmobiliario.

Muchos de ellos poseen personal de inspección de obras no declaradas que acaban transmitiéndose al catastro para que se gestionen las tasas e impuestos. También de Notarios y Registradores de la Propiedad, Ayuntamientos, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y otras administraciones.
 
 

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