El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López ha defendido la importancia de que se desarrolle una inteligencia artificial (IA) regulada, que sea segura y que, sobre todo, esté al “servicio del ser humano”. Una postura que se produce cuando algunas de las principales voces del sector están alertando sobre los malos usos de esta herramienta y los importantes riesgos que conllevan.
Uno de los que han alzado la voz en estos últimos días ha sido Jacob Coxon, investigador de Anthropic, quien presentó su dimisión por el mal uso que se hace de la IA. Pero no está sólo. El consejero delegado de la misma empresa, Diario Amodei, y el máximo responsable de OpenAI, San Altman, también han asegurado que existen peligros asociados al avance y el empleo inadecuado de los sistemas de Inteligencia Artificial.
Ante esto, Óscar López ha sido claro, y ha afirmado en sus redes sociales que “innovar es compatible con la regulación” apostando por una IA “confiable y al servicio del ser humano”.
España, a la cabeza de la IA
El ministro ha destacado el importante papel que desempeña España en la regulación de la Inteligencia Artificial, “la está gobernando”, ha dicho antes de comenzar a repasar algunas de las iniciativas que han partido del Gobierno o que han sido aprobadas durante el tiempo en que España ha estado presidiendo la UE (Unión Europea).
Entre estas medidas se encuentra el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una norma que coloca diferentes obligaciones en función del riesgo que se ha estudiado en estos sistemas, garantizando que la tecnología se desarrolle siempre respetando los derechos fundamentales.
Protección a los menores
López ha insistido en la importancia de proteger a los menores ante los ‘deepfakes’ sexuales y la pornografía haciendo hincapié en la Ley Orgánica para la protección del menor en entornos digitales. “Nos alegra que cada vez más voces de la misma industria pongan el foco en la seguridad de la IA”, ha afirmado pero ha advertido de que cualquier avance debe evitar “posibles abusos” y “proteger al ciudadano”.