Los peajes que comenzarán a ser gratis a partir del 1 septiembre de 2021

Más de 500 kilómetros de los tramos de las autopistas AP-2, AP-7, C-32 y C-33 serán liberalizados, por lo que ya no habrá que pagar por circular.

Javier Martín

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado los tramos de autopistas en los que serán gratis circular a partir de este 1 de septiembre de 2021. De esta manera, los usuarios de la AP-2 (tramo correspondiente Aragón-El Vendrell), AP-7 (La Jonquera-Salou y Montmeló-El Papiol), C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló) no tendrán que abonar ningún importe una vez cumplidas las 00:00 horas del 1 de septiembre.

Más de un total de 500 kilómetros totales casi 600 de vías rápidas rescatados que suponen un paso más en el plan del Gobierno de España en su progresiva intención de liberalizar, o al menos suavizar al máximo en la medida de lo posible, los peajes de propiedad pública. A esta medida se le unen el levantamiento del peaje y de toda cabina de pago en la AP-1, la pionera, (Desde Armiñón a Burgos), la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-7 (entre Alicante y Tarragona).

Otros casi 620 kilómetros a sumar dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado desde España para la Comisión Europea para justificar los 140.000 millones de euros inyectados desde el Fondo de Recuperación de la Unión Europea.

Un debate que se ha dado la vuelta: se ha pasado de dejar caer desde el Gobierno la idea de pagar -a veces más de lo que ya se hace- por el uso de autovías de dominio común, a no hacerlo en algunas después de la decisión de las administraciones correspondientes de no renovar las licencias de concesión firmadas. Por lo tanto, la AP-2 y la AP-7, propiedad gubernamental, pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Mientras que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori del gobierno catalán lo hará con la C-32 y la C-33, en manos de la Generalitat.

AP7, la arteria española a Europa

A partir de septiembre, por tanto, la AP-7, una de las autovías más transitadas del país, será gratuita en casi un 75% de su extensión total. De los 948 kilómetros de su asfalto únicamente habrá que seguir pagando para que veamos la barrera levantada en 318 gracias a esta última medida que se hará efectiva la semana que viene y a la que se hizo en enero de 2020, con el tramo entre Alicante y Tarragona.

Por consiguiente, los casi 65.000 vehículos que circulan, según la empresa concesionaria Acesa, por la AP-7 solo deberán pagar si lo hacen por estos tramos: Circunvalación de Alicante, Crevillente (Alicante)-Cartagena (Murcia), Cartagena-Vera (Almería) y los que discurren dentro de la provincia de Málaga; los de Benalmádena-Estepona y Torremolinos-Guadiaro.

De este considerable volumen de vehículos, la gran mayoría son pesados. Camiones o furgonetas de transporte -según Acesa, 39.000-, que recorren el tramo Tarragona – La Jonquera para salir del país cruzando la frontera con Francia e ingresar en Europa hasta alcanzar el destino marcado. Ellos, los transportistas, son uno de los grupos que más sonríen con este hecho, que dejarán de pagar alrededor de 1.900 euros al año por vehículo, calcula la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España (Fenadismer).

Las Administraciones deberán colaborar 

Las autoridades propietarias y las gestoras de esos tramos de autopistas que serán liberalizadas en una semana dejarán de ingresar cuantiosas sumas de dinero por su uso. El Gobierno ya no verá ni los 20,65 euros que pagaba cada vehículo de esos 215 km. ahora gratuitos de la AP2, ni los 28,85 de los 245 km. entre Salou y Tarragona ni tampoco los 2,60 euros por vehículo de los que usaban los 31 km. entre Montmeló y El Papiol de la AP-7. La Generalitat, en cambio, perderá 4,93 euros de la C-32 y 1,12 de la C-33 por cada vehículo.

En otras palabras, se estima que con esta medida alrededor de trece millones de vehículos dejen de pagar cerca de 800 millones de euros. Además, como efecto colateral asociado, se espera que, al ser gratuitos esos tramos, aumente el tráfico. Esto conllevará a que las Administraciones, sin ese dinero, deberán realizar un esfuerzo económico extra para su conservación y mantenimiento.

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