El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado una sanción de 25.000 euros a una empresa de hostelería por obligar solo a sus trabajadoras a llevar una cofia como parte del uniforme, una exigencia que no se aplicaba a los hombres. El conflicto se originó cuando 18 empleadas se negaron a usar este complemento durante varios eventos y la empresa decidió suspenderlas 14 días de empleo y sueldo. Aunque después retiró las sanciones y eliminó la obligatoriedad de la diadema, la justicia ha considerado que esta medida constituía una discriminación directa por razón de sexo, al no existir una justificación objetiva para imponerla únicamente a las mujeres.
Fue en julio de 2022 cuando la empresa implantó el uso obligatorio de una cofia para las camareras durante determinados eventos, una exigencia que no se aplicaba a los hombres. En las normas de vestuario de la empresa no se mencionaba el uso de ninguna diadema, únicamente se pedía al personal que llevara el pelo recogido. Sin embargo, a las camareras les comunicaron que debían ponerse este accesorio cuando apenas faltaban 20 minutos para empezar a trabajar.
El conflicto estalló el 16 de julio, cuando 18 trabajadoras se negaron a utilizar la diadema. Pese a que finalmente pudieron trabajar sin ella y el servicio se desarrolló con normalidad, la empresa les impuso una sanción de 14 días de suspensión de empleo y sueldo por desobedecer las instrucciones. La dirección llegó a calificar su negativa como un “motín” o una “rebelión” durante una reunión con el comité de empresa.
Sin embargo, tras la intervención de la Inspección de Trabajo, la empresa dio marcha atrás y retiró las suspensiones de empleo y sueldo, que inicialmente sustituyó por amonestaciones escritas. Finalmente, en septiembre de 2022 eliminó de forma definitiva tanto la obligación de llevar la diadema como las sanciones impuestas a las trabajadoras.
Actúa la Inspección de Trabajo
La Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción en enero de 2023 al considerar que la obligación de llevar la cofia constituía una discriminación directa por razón de sexo, contraria a los artículos 4.2.c) y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores.
La conducta fue calificada como una infracción muy grave, conforme al artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), por lo que impuso a la empresa una multa de 25.000 euros y la prohibición de acceder a ayudas, bonificaciones y otros beneficios de programas de empleo durante un año. La sanción fue confirmada por la Dirección General de Trabajo en mayo de 2023 y la empresa abonó su importe en septiembre de ese mismo año.
La sanción acaba en los tribunales
No conforme con la sanción, la empresa la impugnó ante la justicia. Ya en primera instancia, el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda y confirmó la multa de 25.000 euros. La compañía recurrió esta sentencia ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, que consideró que obligar únicamente a las mujeres a llevar una diadema, sin exigir ningún complemento equivalente a los hombres, constituye una discriminación directa por razón de sexo.
Según explica el tribunal, la empresa exigía llevar este accesorio por una cuestión de imagen, ya que no había ningún motivo relacionado con la higiene, la seguridad o la prevención de riesgos laborales que justificara obligar solo a las mujeres a utilizarlo. El tribunal también tuvo en cuenta que la empresa no se limitó a pedir a las trabajadoras que llevaran la diadema, sino que llegó a sancionar a las que se negaron a ponérsela. Además, aclaró que, aunque la compañía asegurara que no pretendía discriminar a nadie, eso no cambiaba el hecho de que estaba imponiendo una exigencia únicamente a las mujeres.
Para fundamentar su decisión, el tribunal recordó una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que declaró discriminatorio obligar a las enfermeras a llevar falda, delantal, cofia y medias sin permitirles utilizar el uniforme sanitario que llevaban los hombres. Por todo ello, desestimó el recurso de la empresa y confirmó la multa de 25.000 euros y la exclusión de ayudas y bonificaciones de empleo durante un año.
La sentencia no era firme y se podía recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.