El Gobierno ha aprobado este martes una transferencia de crédito de 2.090,3 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. La medida ha sido autorizada por el Consejo de Ministros y tiene como objetivo garantizar la financiación de estas prestaciones durante el ejercicio 2026, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el Pacto de Toledo.
Tal y como ha informado el Ministerio de Hacienda y recoge Europa Press, este aporte de dinero permitirá aumentar el presupuesto existente para 2026 y así hacer frente a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, de acuerdo con la primera recomendación del Pacto de Toledo de 2020, la cual se refiere a la separación y clarificación de las fuentes de financiación.
Esta nueva aportación llega justo después de que el Ejecutivo aprobara un nuevo préstamo a la Seguridad Social para financiar el sistema de pensiones contributivas también, que podría alcanzar los 10.003,8 millones de euros, aumentando así su deuda hasta aproximadamente los 146.000 millones. Eso sí, a diferencia de ese préstamo, los 2.090,3 millones aprobados ahora corresponden a una transferencia presupuestaria y no a un crédito que deba devolverse.
Desde el Ministerio de Hacienda lo ven como una necesidad "ineludible e inaplazable"
La primera recomendación del Pacto de Toledo establece que las prestaciones contributivas deben financiarse principalmente mediante las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, mientras que las prestaciones no contributivas y universales deben sufragarse exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, Hacienda ha cuantificado las necesidades de financiación para este ejercicio en 2.090,3 millones de euros, considerando que se trata de necesidades "ineludibles e inaplazables" para cumplir con el compromiso del Estado de asumir progresivamente la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva.
Por último, la operación se ampara en el artículo 12.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que continúan prorrogados en 2026, y en la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.