España vuelve a tener una fecha marcada en el calendario por una normativa de la Unión Europea que debe cumplir y ya no es la primera vez que pasa si se recuerda el ultimátum que le dio el organismo europeo para transponer la directiva salarial no hace mucho. Y es que la Comisión abrió el pasado 25 de septiembre un procedimiento de infracción contra todos los Estados miembros que no habían comunicado la transposición completa de la nueva Directiva de Emisiones Industriales y les concedió dos meses para responder y completar el proceso.
Pues bien, ahora ese plazo está ya muy cerca de agotarse. Si se toma como referencia la carta enviada el 25 de septiembre, quedarían menos de dos semanas, hasta alrededor del 25 de noviembre, para responder satisfactoriamente antes de que Bruselas pueda dar el siguiente paso y emitir un dictamen motivado.
La Directiva (UE) 2024/1785 debía haberse trasladado a las legislaciones nacionales como máximo el 1 de julio de 2026. Así lo dice la propia normativa europea, que pone de manifiesto que “los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el 1 de julio de 2026 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias”.
Los afectados podrán reclamar una indemnización por daños a su salud
Uno de los grandes cambios está en la protección de quienes sufran consecuencias por contaminación industrial ilegal.
El nuevo artículo 79 bis establece que, cuando una infracción provoque daños en la salud, las personas afectadas deberán tener “derecho a reclamar y obtener compensación por dichos daños” frente a las personas físicas o jurídicas responsables.
Además, la Directiva obliga a diseñar los procedimientos nacionales de manera que “no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a compensación”.
Incluso cambia cuándo comienza a correr el plazo para reclamar. Este no podrá empezar antes de que haya cesado la infracción y la persona sepa, o pueda razonablemente saber, que ha sufrido un daño derivado de ella.
Todo este gran cambio afecta a una normativa que regula algunas de las instalaciones industriales y agropecuarias más contaminantes de Europa, desde grandes plantas de combustión y refinerías hasta industrias químicas, instalaciones de fabricación de baterías o determinadas explotaciones ganaderas. El marco europeo alcanza a más de 50.000 grandes instalaciones.
Multas de al menos el 3% de la facturación en las infracciones más graves
La nueva normativa también endurece las sanciones.
Para las infracciones más graves cometidas por personas jurídicas, el texto establece que la sanción máxima deberá ser “como mínimo del 3% del volumen de negocios anual en la Unión del titular” correspondiente al ejercicio anterior.
Los Estados podrán aplicar también sanciones penales siempre que sean “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.
La Directiva busca además reforzar los límites de emisión, reducir el uso de sustancias peligrosas y obligar a las instalaciones a utilizar las mejores técnicas disponibles para minimizar su impacto sobre la salud y el medio ambiente.
De este modo, el problema para España no es ya únicamente haber incumplido el plazo inicial del 1 de julio. Bruselas inició formalmente el procedimiento el 25 de septiembre y dejó dos meses para responder. Si la situación no queda resuelta satisfactoriamente, el expediente puede avanzar hacia un dictamen motivado y, posteriormente, llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.