El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC, el órgano de Hacienda que resuelve las reclamaciones de los contribuyentes) ha fijado que las indemnizaciones por bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias tributan en el IRPF si el trabajador se acoge a ellas sin que haya un despido colectivo en marcha. Como el criterio obliga a la Agencia Tributaria, quien reclamaba la devolución de lo pagado lo tiene ahora mucho más difícil, aunque todavía puede ir a los jueces.
Según la resolución del pasado 27 de octubre (que se puede consultar íntegra en este enlace de Hacienda), la exención del artículo 7.e de la Ley del IRPF solo cubre la indemnización por despido que el Estatuto de los Trabajadores fija como obligatoria, “sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”, siendo en ese segundo grupo donde se cita la salida pactada con la empresa.
La banca lleva años recortando plantilla así, con acuerdos de bajas voluntarias y prejubilaciones a los que se apunta quien quiere y sin pasar por un expediente de regulación de empleo (ERE, el procedimiento con el que se tramita un despido colectivo), según explican a El País varios expertos fiscales. Fue lo que hizo el empleado cuyo caso ha llegado al TEAC, que se apuntó al plan que su banco firmó el 1 de diciembre de 2020 y dejó la entidad el 31 de marzo de 2021 por mutuo acuerdo.
Tres años después, en julio de 2024, pidió a la Agencia Tributaria que le corrigiera las declaraciones de 2021, 2022 y 2023 para no pagar por la indemnización. Se lo negaron dos veces, en enero y en marzo de 2025, así que reclamó ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, que en septiembre le dio la razón con varias sentencias del Tribunal Supremo sobre planes de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum. Fue entonces la Agencia Tributaria la que recurrió, y al TEAC le tocaba decidir qué criterio valía para todos.
Para el TEAC, sin un ERE abierto, la salida es voluntaria
El TEAC le enmienda la plana al tribunal valenciano porque, según explica, esas sentencias “no pueden, sin más, desligarse del supuesto de hecho” que juzgaban. En los planes de Banca Cívica la oferta de salida coincidía con un despido colectivo en tramitación, y eso era lo que obligaba a los empleados a “elegir entre una u otra medida”, en palabras del Supremo, y lo que hacía forzosa una baja firmada sobre el papel de mutuo acuerdo.
En el caso de este empleado no fue así, porque su banco no avisó a los sindicatos de que iba a abrir un despido colectivo hasta el 30 de agosto de 2021, cinco meses después de su salida. Para el TEAC, además, la existencia de un ERE “no es una cuestión de apreciación subjetiva”, ya que exige pasos reglados como una comisión representativa o un periodo de consultas con los trabajadores.
El criterio vincula a los tribunales económico-administrativos y al resto de la Administración tributaria, según el artículo 242 de la Ley General Tributaria. “Si no hay despido colectivo, apuntarse a un plan de prejubilación es una decisión voluntaria del trabajador y la indemnización tributa”, resume Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, en declaraciones a El País.
Los jueces, en cambio, no están obligados a seguirlo, y el trabajador puede defender ante ellos que su salida no fue libre. Aun así, en TaxDown creen que las opciones de ganar bajan si no había un ERE abierto en el momento de la baja.
La factura del IRPF puede multiplicarse por cuatro sin ERE
Los que salen sin ERE tampoco tributa siempre por toda la indemnización, ya que la Ley del IRPF permite rebajar un 30% (hasta 300.000 euros) algunas rentas que se cobran de forma irregular en el tiempo, y su reglamento (que se puede consultar en este enlace) incluye ahí las “cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral” siempre que se declaren en un único ejercicio. La rebaja no vale para lo que se cobra “en forma de renta”, y por eso el Tribunal Supremo se la negó en 2020 (entonces era del 40%) a un prejubilado de Banca Cívica que cobraba su compensación cada mes.
Según los cálculos de TaxDown, un trabajador con un sueldo de 40.000 euros al año y una indemnización de 80.000 pagaría unos 7.200 euros de IRPF en Madrid y 7.900 en Barcelona si sale con un ERE, ya que solo tributaría su salario. Con una baja pactada fuera de un despido colectivo, la factura subiría a 29.600 y 31.100 euros.
En ese ejemplo la indemnización queda libre de impuestos entera porque 80.000 euros son dos años de sueldo, el máximo habitual de un despido improcedente (33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, según el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores), siempre que la antigüedad del trabajador llegue a ese tope.
En los otros dos ejemplos de TaxDown, con un salario de 70.000 euros y 140.000 de indemnización la diferencia entre las dos vías llega a 42.000 euros en Madrid y 45.000 en Barcelona. En el de un directivo con 100.000 euros de sueldo y 300.000 de indemnización ronda los 54.000 y los 61.000, porque el artículo 7.e de la Ley del IRPF no deja exentos más de 180.000 euros y el resto tributa.
Lo que llama la atención es que la resolución no cambia nada para el empleado que la originó. La Ley General Tributaria obliga a respetar en estos recursos “la situación jurídica particular derivada de la resolución recurrida”, así que conservará la exención que le reconoció el tribunal valenciano, la misma que Hacienda negará desde ahora a quienes salieron como él sin un ERE en marcha.