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Cambia 18 ventanas de su casa y el ayuntamiento le obliga a quitarlas y deshacer las reformas porque no pidió permiso

La vivienda se encontraba dentro de una zona protegida y sus propietarios cambiaron las ventanas de madera por otras de vinilo, además de otras reformas sin autorización.

Fachada de una vivienda en obras
Fachada de una vivienda en obras |Envato
Lucía Rodríguez Ayala
Fecha de actualización:

Hacer una reforma en casa suele requerir ciertos permisos, especialmente cuando se modifica el exterior de la vivienda, pero el problema puede ser todavía mayor cuando el inmueble se encuentra dentro de una zona protegida. Es lo que les ha pasado a los propietarios de una casa de Oakville, en Canadá, a los que el ayuntamiento ha ordenado retirar 18 ventanas de vinilo y deshacer buena parte de las reformas que habían realizado en su vivienda porque no solicitaron previamente el permiso correspondiente.

La casa está situada dentro del Distrito de Conservación del Patrimonio de Old Oakville, donde, según recogen desde Oakville News, los propietarios tienen que pedir autorización antes de realizar determinadas modificaciones exteriores. Sin embargo, comenzaron las obras sin solicitar ningún permiso de conservación del patrimonio.

Uno de los principales problemas es que los cambios en la vivienda no fueron precisamente poco llamativos. Además de cambiar 18 de las ventanas por unas nuevas de vinilo, instalaron aleros y frisos de aluminio, un nuevo revestimiento de ladrillo y modificaron la entrada para vehículos. El ayuntamiento llegó a enviar avisos en mayo y junio ordenando paralizar las obras y pidiendo a los propietarios que se pusieran en contacto con el departamento de patrimonio.

Tendrán que volver a colocar las ventanas y recuperar el aspecto anterior de la casa

Tras iniciar las obras sin permiso y recibir la notificación del ayuntamiento, el propietario pidió los permisos oportunos, pero esto no sirvió para que le dejaran mantener las reformas que ya había hecho. 

El pasado 8 de septiembre, el consejo municipal decidió que gran parte de la reforma tendrá que deshacerse para que la vivienda vuelva a cumplir con las normas de protección de la zona.

Entre otras cosas, tendrán que retirar las ventanas de vinilo y reinstalar o restaurar las ventanas de madera, los remates del tejado, los aleros y las molduras. También tendrán que eliminar la nueva zona de aparcamiento y recuperar el trazado original del acceso para vehículos. 

Lo único que se estudia dejar de las modificaciones realizadas es una nueva entrada y la puerta principal, pero siempre y cuando los detalles sean aprobados previamente por el ayuntamiento.

Desde la administración local fueron muy críticos con lo ocurrido, y uno de los miembros de conservación del patrimonio declaró que lo que había hecho este vecino le parecía un “flagrante desprecio por los permisos de conservación del patrimonio”.

Además, se aclaró que hacer estas modificaciones en la zona sin tener los permisos y licencias necesarios puede vulnerar la Ley de Patrimonio de Ontario y llegar a castigarse con multas de hasta un millón de dólares canadienses, unos 623.500 euros al cambio actual. En este caso, sin embargo, no se han presentado cargos contra los propietarios.

Qué habría pasado en España por reformar una vivienda protegida sin permiso

En España podría ocurrir algo parecido. Cuando una vivienda tiene protección patrimonial o se encuentra dentro de un Conjunto Histórico protegido, no siempre basta con ser propietario para poder cambiar libremente ventanas, fachadas, cubiertas u otros elementos exteriores.

La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece que, cuando una obra necesita autorización en materia de patrimonio, no puede concederse la licencia correspondiente hasta obtener primero ese permiso. Además, las obras realizadas sin cumplir este requisito pueden ser consideradas ilegales y la Administración puede llegar a ordenar su reconstrucción o demolición a costa del responsable, y multas de hasta 150.253 euros para determinadas obras e intervenciones realizadas sin cumplir las autorizaciones exigidas. Además, si el daño causado al Patrimonio Histórico puede valorarse económicamente, la sanción puede ser de entre una y cuatro veces el valor del daño causado.

A esto se suma la normativa de cada comunidad autónoma y los planes de protección de cada ayuntamiento, que pueden imponer requisitos todavía más concretos. Las sanciones también pueden ser importantes.