Aniversario 23F: una verdad que sigue protegida por ley

La reforma de ley de secretos oficiales de Franco custodia lo que ocurrió verdaderamente en uno de los acontecimientos históricos más importantes de España. 41 años después, el golpe de estado de Tejero sigue siendo información clasificada.

Aniversario 23F: una verdad que sigue protegida por ley
Hoy se cumplen 41 años del famoso 23F
Javier Martín

41 años después, el ‘boom’ de los disparos al techo y al hemiciclo del Palacio de las Cortes de la pistola de Antonio Tejero todavía resuenan. Hoy, 23 de febrero de 2022, se cumple el 41 aniversario de uno de los acontecimientos históricos más importantes de España: el golpe de estado del teniente coronel Tejero. O mejor dicho, el intento, según la versión oficialista.
 
Ese 23 de febrero de 1981 todavía aguarda incógnitas en la caja fuerte de la ley de secretos oficiales promulgada por Francisco Franco, que blinda documentos y archivos oficiales sobre periodos relevantes de la historia reciente como la batalla contra el terrorismo o las dictaduras militares, los viajes del rey o el presidente nacional o la Guerra Civil. En resumen, la letra pequeña de un país, sus secretos.

El 23F y la ley de secretos oficiales: ¿qué pasó en el golpe de estado?

La ley de secretos oficiales que Francisco Franco impulsó en 1968 también guarda el expediente del 23F. Y el hecho de que permanezca todavía ahí a pesar de los múltiples intentos de múltiples partidos como PNV o los miembros del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ya da rienda suelta a las especulaciones de las que se componen en mayor parte las historias paralelas.
 
Lo que cuentan las crónicas del 23F y los libros de historia es un intento de golpe de estado, porque no se llegó a pertrechar, de un grupo de guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero al Palacio de las Cortes durante la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo e iniciado con el famoso “¡quieto todo el mundo!” de Tejero tras usar su arma reglamentaria sobre las paredes. El objetivo era acabar con la naciente democracia.
 
Secuestraron a la totalidad de los presentes, con los diputados y los miembros del Gobierno en su totalidad. Al mismo tiempo, se ocupó militarmente Valencia aprovechándose del estado de excepción del teniente general Jaime Milans. Hasta que, vestido de militar, irrumpió el Rey Juan Carlos I para posicionarse a favor de la Constitución y en contra de los golpistas, que fueron condenados. Tejero, que salió en 1996 con la libertad condicional y pudo vérsele en 2019 en la exhumación de Franco, Milans, y Alfonso Armada, los principales protagonistas, a 30 años de cárcel.

23F, ¿verdad oficial o real?

Esa es la versión oficial, basada en la verdad oficial y la que sigue la mayoría. El sistema, la clase política y los medios de comunicación mayoritarios. Pero no hay que olvidar que es una historia eminentemente oral y de versiones enfrentadas, y eminentemente interesadas. De ahí surge una verdad real, que no quiere decir que no sea la oficial, sino que, como dicen los estudiosos del acontecimiento, simplemente no se ha demostrado. La contraposición de versiones como que fue una operación político-institucional y no un golpe militar o la supuesta implicación de Juan Carlos I son ejemplos de ello.

¿Cuándo se sabrá la verdad sobre el 23F?

Puede ser que dentro de poco. Si es que no está ya toda contada. Al menos es lo que pretenden la mayoría de los partidos políticos que apoyaron la iniciativa del PNV en el Congreso para actualizar la ley de la información. Un proceso que continúa empantanado desde 2020 en la fase de enmiendas. El PP se abstuvo y VOX votó en contra.
 
Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez asumió la iniciativa para elaborar su propia ley: la ley de información clasificada, que elaborará principalmente el Ministerio de Defensa. Sin embargo, como declaraban recientemente desde el PNV, de la que “se sigue si0n noticias mientras nuestra proposición de lay sigue retrasándose en la mesa”. La última hora del 23F es una proposición no de ley de los socios parlamentarios del Gobierno para desclasificar todos los documentos para destapar la verdad exacta que fue aprobada. Una verdad que podría estar cumpliendo su último aniversario.
 

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