CCOO y UGT han instado en el último mes a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante el incremento de precios, conociéndose esta misma semana una nueva subida de la inflación. Hoy, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha avanzado que el Gobierno tiene intención de convocar este mes a la comisión asesora del SMI para que inicie sus trabajos.
Los sindicatos no han acordado ningún porcentaje de subida, pero CCOO, a principios de septiembre, ya apostó por apuesta por un aumento superior al 5% en 2027. UGT, por su parte, se mostró más cauteloso, y no quiso adelantar ninguna cifra concreta. Lo que sí pidió este sindicato es la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social, pidiendo aplicar la revisión prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de “evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo entre quienes perciben los salarios más bajos”.
Se está trabajando en la reforma del despido
La mano derecha de Yolanda Díaz ha informado durante la rueda de prensa posterior a los datos del paro de distintas cuestiones pendientes por parte del ministerio: desde la aprobación del registro horario hasta la transposición de la directiva de transparencia retributiva. También se ha manifestado sobre la reforma del despido, a la que hizo alusión la propia Díaz el pasado mes de septiembre.
“El compromiso de este ministerio es cumplir con los tratados internacionales y con la interpretación vinculante que hace de ellos el Comité Europeo de Derechos Sociales. Es evidente que el régimen del despido en España tiene algunas dificultades de adaptación a la Carta Social Europea en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria y a su naturaleza disuasoria ante las extinciones de contratos por parte del empresario”, ha informado Pérez Rey.
Al mismo tiempo, ha reiterado que sobre el Gobierno “pesa” la obligación de cumplir con la Carta Social Europea, que fue ratificada por el Ejecutivo en su versión revisada al igual que el protocolo de reclamaciones colectivas que permitió a los sindicatos elevar ambas reclamaciones a Estrasburgo, y que están “implicados” con esa reforma.
Sobre los trabajos para cumplir con ese compromiso, ha explicado que los sindicatos (CCOO y UGT) presentaron una propuesta “indicativa” sobre la dirección de la reforma, pero no un texto normativo y articulado. Así, Trabajo está trabajando ahora en convertir esas aportaciones en una iniciativa normativa concreta, un proceso que Pérez Rey ha reconocido que no es sencillo porque supone un cambio “muy profundo” en la regulación del despido.
“En cuanto la tengamos, volveremos a convocar esa mesa y seguiremos adelante con esta reforma, sin desconocer que parte de la misma está siendo objeto de debate en el propio Tribunal Constitucional”, ha agregado, en referencia al pronunciamiento que está pendiente de conocerse de este órgano.
Qué pidieron los sindicatos
En su propuesta, CCOO y UGT solicitaron, entre otras medidas, incrementar las indemnizaciones tasadas para recuperar su carácter disuasorio; establecer una indemnización mínima; regular la posibilidad de que los tribunales puedan fijar indemnizaciones superiores cuando resulte necesario para reparar el daño causado y acreditado; restablecer el derecho de opción de la persona trabajadora entre la indemnización o la readmisión, o permitir que la sentencia estime el derecho de opción de la persona trabajadora como forma de reparación más adecuada; y recuperar el abono obligado de los salarios de tramitación en todos los casos.
Sobre el origen de esta reforma, surge principalmente tras las dos resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales que concluyeron que el sistema español de indemnización por despido improcedente vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada. El organismo considera que el actual sistema no garantiza en todos los casos una compensación adecuada por el perjuicio sufrido ni tiene un efecto suficientemente disuasorio para las empresas.
El pasado 17 de junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa volvió a instar a España a adaptar su legislación sobre despido a las exigencias de la Carta Social Europea Revisada. En concreto, reclamó avanzar hacia un sistema que garantice una reparación adecuada y suficientemente disuasoria frente a los despidos sin causa válida.
