Vender una vivienda y quedarse después viviendo en ella de alquiler puede ser una solución para conseguir dinero sin tener que abandonar el lugar en el que se ha vivido durante años, pero puede convertirse en un problema si los nuevos caseros deciden cambiar las condiciones. Esto es lo que le ha pasado a una mujer de 85 años en Francia, que vendió su edificio por 250.000 euros, se quedó como inquilina de su propia casa y cinco años después está siendo presionada por los caseros para marcharse porque quieren dividir el apartamento en dos.
Según la información publicada por el medio francés Figaro Immobiler, la mujer había comprado en los años 90 un pequeño edificio en Marsella que estaba formado por su casa, en la primera planta, y tres estudios más en la planta baja. Tras 30 años viviendo allí, cuando cumplió los 80, su estado de salud comenzó a empeorar y decidió vender todo el edificio para no tener que seguir encargándose de gestionar los alquileres de los apartamentos.
Como no quería abandonar su casa ni el barrio en el que había vivido durante casi toda su vida, acordó con los compradores firmar un contrato de alquiler con el que podría seguir viviendo en la casa pagando 750 euros mensuales, de los cuales 50 correspondían a los gastos de comunidad.
Los propietarios quieren trasladarla a un estudio para dividir su vivienda en dos
Durante 5 años el contrato de alquiler se mantuvo sin cambios y la anciana siguió viviendo en la que era su casa sin ningún tipo de problema, hasta que sus caseros le plantearon la idea de que se mudara a uno de los estudios de la planta baja.
Según explica el responsable de un proyecto de viviendas compartidas para mayores con el que contactó la mujer, los caseros llegaron a presentarle el cambio como algo beneficioso para ella. “Te vas a mudar a un estudio disponible en la planta baja. Es por tu propio bien”, le habrían indicado.
Sin embargo, la propuesta tiene un motivo económico y es que los dueños del edificio quieren dividir la actual casa de la anciana, que tiene tres habitaciones, en dos estudios y aumentar así los ingresos que obtienen del edificio.
La mujer se negó y, según la información publicada, recibió posteriormente tres alternativas; mudarse al estudio de la planta baja, quedarse solo con una parte de su vivienda para que la otra pudiera convertirse en un apartamento independiente o aceptar la rescisión del contrato.
Incluso habría recibido un documento para firmar en el que se comprometía a mantener el acuerdo en secreto. “Aquí tiene el documento que le pedimos que firme si está de acuerdo, en el que se compromete a no contárselo a nadie”, recogía la comunicación.
También le plantearon subir el alquiler si no aceptaba marcharse
Ante la negativa de la inquilina, los propietarios también le plantearon la posibilidad de aumentar el alquiler para compensar la “pérdida de ingresos” que supondría no poder construir una vivienda adicional.
Una abogada especializada en derecho inmobiliario que revisó el caso considera que los propietarios no pueden subir libremente el alquiler por este motivo, más allá de las actualizaciones previstas en el propio contrato, salvo determinados supuestos relacionados con obras que aumenten el valor del inmueble.
La letrada también considera que no pueden obligar a la mujer a abandonar el piso simplemente porque quieran subdividirlo. Según explica, la rescisión del alquiler por parte del propietario está limitada a determinadas causas y dividir el apartamento para crear otra vivienda no sería suficiente por sí solo.
Por ello, ha recomendado a la mujer comprobar cuándo termina exactamente su contrato y esperar a recibir una comunicación formal. Si considera que cualquier intento de rescisión no se ajusta a la ley, podría impugnarlo y seguir viviendo en el apartamento mientras se resuelve el conflicto.
También existe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. En ese caso, los propietarios podrían negociar con la mujer que abandonara voluntariamente la vivienda, aunque, según la abogada, tendrían que ofrecerle una indemnización a cambio.
