La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto revisar el régimen de la pensión de viudedad en España para establecer incompatibilidades o recortes progresivos en función de los ingresos del trabajo percibidos durante la vida activa. El objetivo sería destinar ese ahorro resultante para garantizar un incremento mínimo en la prestación de aquellas personas viudas que sufren el tope máximo de las pensiones públicas al jubilarse.
Según el análisis firmado por Octavio Granado, la falta de topes de ingresos durante la etapa laboral permite cobrar la viudedad a rentas muy altas, mientras que, tras la jubilación, la prestación termina anulándose por el tope de pensiones públicas en los salarios elevados o quedando absorbida por los complementos a mínimos en las rentas más bajas.
Además, el documento, bajo el nombre ‘La Seguridad Social, algo más que la pensión de jubilación’, cuestiona que el debate público sobre la Seguridad Social se concentre casi en exclusiva en la pensión de jubilación, cuando el resto de las prestaciones contributivas (incapacidad, viudedad, orfandad y complementos a mínimo) suponen más del 30% del gasto total si se añaden las incapacidades “transformadas” en jubilaciones a partir de los 65 años.
De ese modo, se proponen una serie de reformas concretas en prestaciones de menor visibilidad mediática para reforzar el carácter de seguro del sistema, vinculando la prestación a lo cotizado, aunque manteniendo la solidaridad y la financiación mediante impuestos cuando proceda.
La propuesta de Fedea para la pensión de viudedad: topes en la vida activa y garantías en la jubilación
En la actualidad, las pensiones de viudedad representan el 15,4% del gasto total en pensiones (frente al 20,3% que suponían hace veinte años) y registran un crecimiento levemente negativo. Según el informe, esta contracción responde a tres cambios estructurales: la mayor inserción laboral de las mujeres, que suponen ya el 47% de la afiliación y generan pensiones de jubilación propias, el menor peso del matrimonio y la pareja convencional, y el aumento de la esperanza de vida, que retrasa la generación de esta prestación a edades cada vez más avanzadas.
Ahora, existe una ‘trampa’. El documento critica que la pensión de viudedad se diseñó para proteger a las mujeres sin acceso al mercado laboral, permitiendo compatibilizar el empleo y la prestación sin límite alguno. Hoy en día, esa falta de topes en la vida activa hace que el sistema abone la viudedad a personas con salarios elevados que multiplican la renta media.
Sin embargo, el escenario cambia al llegar a la jubilación, donde el marco normativo perjudica tanto a las rentas altas como a las bajas. Por un lado, en la altas (como funcionarios de los Grupos 1 y 2) al jubilarse, la suma de la pensión propia y la de viudedad choca con el tope máximo de las pensiones públicas. Como resultado, estos pensionistas renuncian de facto a percibir la viudedad, a pesar de haberla cobrado sin restricción durante su etapa laboral activa.
En rentas bajas (como en el Régimen Agrario), para quienes perciben el complemento a mínimos para alcanzar la pensión mínima, la viudedad absorbe dicho complemento. Y lo exponen con un ejemplo, mostrando el caso de un matrimonio agrario en el que ambos perciben una pensión mínima de 12.441,80 euros anuales (tras aplicarse un complemento a mínimo de 3.341,80 euros sobre una base de 650 euros al mes). Al enviudar la persona y generar una pensión de viudedad de 4.732 euros al año, el solapamiento con el complemento a mínimo reduce la ganancia real neta a tan solo 99,35 euros al mes.
El desequilibrio con la orfandad
Granado recuerda que la Comisión del Pacto de Toledo ha instado en dos ocasiones a realizar una reforma integral de esta prestación. Una de las razones es la desproporción respecto a las pensiones de orfandad: en 2025, el gasto en viudedad sigue multiplicando por 13,17 veces al de orfandad (frente a las 14 veces de 2005), lo que genera un sesgo que desprotege a las familias con hijos frente a las personas enviudadas sin descendencia.
Las propuestas de Fedea para reformar la viudedad
Para solucionar estas arbitrariedades y reforzar el principio de seguro, el documento plantea cuatro propuestas dirigidas al diálogo social:
- Topes por ingresos en la vida activa: Fijar un régimen de incompatibilidad o reducción progresiva de la viudedad según las rentas del trabajo o de actividades económicas, imitando el modelo de países como Alemania.
- Destinar el ahorro generado en las rentas altas a fijar un suelo o incremento mínimo garantizado cuando un pensionista enviuda, evitando que el tope máximo o los complementos a mínimos anulen la prestación.
- Elevar las cuantías de las pensiones de orfandad a costa de una contención correlativa en la viudedad.
- Implantar de forma paulatina un régimen de seguro voluntario para aquellas parejas que deseen mantener coberturas ampliadas de renta.
Otras medidas para reformar el sistema de pensiones: coeficientes reductores y complementos a mínimos
Más allá de la viudedad, el estudio plantea otros tres ajustes para devolver la equidad al sistema de pensiones contributivo. El primero de ellos es revisar los coeficientes reductores de jubilación. El documento critica que profesiones como maquinistas de ferrocarril, estibadores o pilotos de aviación mantengan edades de retiro anticipado basadas en normativas históricas sin abonar una cotización recargada, lo que genera un agravio respecto al resto de cotizantes.
Fedea propone aplicar esa cotización recargada de forma inmediata y priorizar la reconversión y recolocación laboral en los últimos diez años de carrera laboral activa frente a la jubilación anticipada al 100%.
El documento también señala que el gasto en complementos a mínimo ha pasado de 1.397 millones de euros en 2005 a 8.718 millones en 2025. Este complemento se concede evaluando solo la renta individual del beneficiario, lo que, según el organismo, permite que personas integradas en hogares con ingresos muy elevados o con cónyuges percibiendo la pensión máxima sigan cobrando esta ayuda no contributiva.
Por ello, se propone computar la renta global de la unidad de convivencia para concentrar los recursos públicos en los pensionistas verdaderamente vulnerables.
El informe también defiende sustituir la Ley de Bases de 1963 mediante un nuevo texto legal acorde a la Constitución. Con ello aboga por universalizar la obligación de cotizar sobre cualquier rendimiento del trabajo y la exigencia de que la integración ex post de colectivos o mutualidades respete el esfuerzo contributivo real para no sobrecargar el sistema sin aportaciones previas equivalentes.
El estudio concluye que estas medidas no buscan realizar recortes unilaterales, sino ofrecer al diálogo social un calendario de reformas progresivas que corrijan las distorsiones acumuladas durante seis décadas y refuercen la sostenibilidad del sistema contributivo.
