Este miércoles 11 de noviembre, CCOO y UGT, junto a otras organizaciones como CGT, CNT o la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, llaman a los trabajadores a una huelga general por la vivienda y los salarios, la primera que respaldan juntos desde 2012. La que los historiadores José Babiano y Javier Tébar llaman “la convocatoria de huelga más exitosa de toda nuestra historia” fue la del 14-D de 1988, también de CCOO y UGT, y empezó a las doce en punto de la noche del 13 al 14 de diciembre, cuando la emisión de TVE se fue a negro.
En un país en el que todavía no emitía ninguna televisión privada, los trabajadores de Radiotelevisión Española (RTVE) hicieron una cuenta atrás en todos sus centros. El resumen del libro que coordinaron Babiano y Tébar, 14D, historia y memoria de la huelga general, recoge que aquel día pararon 7.858.669 de los 8.284.300 asalariados que había en España, un 95%. El Gobierno de Felipe González, que siete semanas antes había aprobado un plan de empleo para jóvenes, acabó retirándolo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido a los jóvenes que lideren el paro de este miércoles, 38 años después de que un contrato para jóvenes desatara el de 1988. “La juventud trabajadora tiene que enarbolar la bandera y ser protagonista de su futuro” señala el secretario.
Qué era el contrato para jóvenes que paró el país
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de octubre de 1988 las líneas básicas del Plan de Empleo Juvenil, según contaba el sindicalista Javier Doz ese mismo noviembre en la revista Trabajadores de la Enseñanza, de la Federación de Enseñanza de CCOO. El ministro de Trabajo y Seguridad Social era entonces Manuel Chaves, que había firmado meses antes el decreto del salario mínimo de 1988.
El análisis del plan que publicó entonces CCOO detallaba que la medida creaba un contrato especial para jóvenes de 16 a 25 años que no hubieran trabajado antes, o que lo hubieran hecho tres meses como mucho en los dos últimos años. Duraría entre seis y dieciocho meses, prórroga incluida.
El sueldo sería el salario mínimo interprofesional, salvo que el convenio pactara uno mayor, y en 1988 ese mínimo estaba en 44.040 pesetas al mes para los mayores de 18 años (unos 265 euros al cambio, sin contar la inflación), según el Real Decreto 1681/1987, de 30 de diciembre (se puede consultar en este enlace). Tal y como recogía el mismo análisis de CCOO, la empresa no pagaría la cuota patronal a la Seguridad Social por contingencias comunes (la que financia, entre otras cosas, las pensiones de jubilación y las bajas por enfermedad común), ni la del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ni la de formación profesional. Además, podría recibir un incentivo de hasta 200.000 pesetas al año por cada contrato.
Para los sindicatos era un contrato precario más, y así lo denunciaba Doz en aquel artículo: “No importa el trabajo que se realice, se cobrará sólo el salario mínimo interprofesional”.
Lo que lograron CCOO y UGT tras el 14-D
En ese mismo análisis de CCOO, los dos sindicatos reclamaban además que la cobertura del paro llegara al 48% de los desempleados, que los salarios recuperaran dos puntos de poder adquisitivo, que las pensiones mínimas se equipararan al salario mínimo y que los empleados públicos pudieran negociar sus condiciones.
El Gobierno retiró el plan y en los dos años siguientes los sindicatos lograron más cobertura para los parados, la negociación colectiva de los funcionarios y las pensiones no contributivas. El resumen del libro de Babiano y Tébar cita también esas pensiones y la negociación de los funcionarios, y añade “la revisión anual de las pensiones según el IPC”.
Las pensiones no contributivas llegaron con la Ley 26/1990, de 20 de diciembre. Hoy, según los artículos 363 y 369 de la Ley General de la Seguridad Social, las cobran, aunque no hayan cotizado nunca o no lo suficiente, las personas de 65 años o más y las de 18 a 64 con una discapacidad de al menos el 65%, siempre que sus ingresos no lleguen al límite que se fija cada año y que lleven al menos cinco años residiendo legalmente en España (diez en la de jubilación).
La huelga se sigue rigiendo por un decreto-ley de 1977
Se trata del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, anterior a la Constitución, cuyo artículo 6.2 establece que “durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario”.
El apartado 3 del mismo artículo deja además al huelguista en alta especial en la Seguridad Social, sin que coticen ni él ni la empresa. A un trabajador con 1.500 euros brutos al mes en 14 pagas, ir a la huelga este miércoles le supone entre 58 y 78 euros (el sueldo del día, la parte de las pagas extra y, si la empresa lo aplica, la del descanso semanal), según el cálculo de lo que cuesta la huelga del 11 de noviembre, aunque en su futura pensión apenas se notará (unos céntimos al mes).
En diciembre de 2018, en el 30 aniversario, los líderes de CCOO y UGT descubrieron en la sede de RTVE en Torrespaña (Madrid) una escultura de Augusto Arana que representa un reloj, en recuerdo del apagón con el que arrancó la huelga.