Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que también se reivindica en el ámbito del trabajo. No en vano, los trastornos mentales son ya la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España.
El Ministerio de Trabajo, consciente del impacto de la salud mental en el trabajo, centró uno de los ejes de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales precisamente en este aspecto, reforzando la protección frente a los riesgos psicosociales. “Las incapacidades por síntomas emocionales se han incrementado un 500%”, manifestó entonces la ministra, Yolanda Díaz.
Por ello, esta norma, que no podrá salir adelante por la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales, reforzaba expresamente la prevención de los riesgos psicosociales, una demanda recurrente de los sindicatos, incluyendo factores como el estrés tecnológico derivado de entornos digitales.
Hay que señalar que, aunque esta reforma no llegue a aprobarse, la prevención de estos riesgos no parte de cero. La legislación vigente ya obliga a las empresas a evaluar los riesgos que puedan afectar a la salud de sus trabajadores, incluidos los de naturaleza psicosocial, y a adoptar medidas cuando se detecten.
Evolución de las bajas por salud mental: un crecimiento sin precedentes
Como se adelantaba, el impacto de los trastornos mentales en el mercado laboral español se ha disparado en los últimos 10 años, consolidándose como la segunda causa de baja por incapacidad temporal en España. Según el estudio sobre la Incapacidad Temporal elaborado por UGT, a partir de datos del Ministerio de Seguridad Social, los procesos de baja por trastornos mentales se han más que duplicado en los últimos años, con un incremento del 136%, al pasar de 283.999 procesos en 2016 a 671.618 en 2024.
Este crecimiento coincide con un fuerte repunte en patologías asociadas al bienestar emocional. De acuerdo con la guía de Salud Laboral de CCOO del Hábitat (que recoge datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), los diagnósticos por estrés grave se han incrementado un 230%, mientras que las bajas asociadas a trastornos de ansiedad han crecido un 120%. Además, los datos del INSST reflejan un aumento del 490% en las bajas por síntomas emocionales y sitúan a la depresión como el motivo más frecuente de incapacidad laboral en procesos que superan los 15 días.
El origen laboral, invisibilizado tras la enfermedad común
A pesar de estas cifras, los registros oficiales muestran un acusado infra-reconocimiento del origen profesional de los problemas de salud mental. Según los datos analizados por UGT, en 2024, de los 671.618 procesos de baja registrados por trastornos mentales, únicamente 1.429 casos (apenas un 0,21% del total) fueron catalogados formalmente como contingencia profesional derivada del trabajo.
UGT denuncia un “claro infrarreconocimiento” del origen laboral de estas bajas y sostiene que determinadas patologías que deberían ser tratadas por las mutuas están siendo derivadas al Sistema Público de Salud. El sindicato advierte además de que, cuando no se reconoce su origen profesional, los factores de riesgo que pudieron provocar el problema pueden permanecer sin corregirse en el centro de trabajo.
La brecha en la inclusión laboral
El acceso al empleo para las personas con discapacidad psicosocial o derivada de un diagnóstico de salud mental representa uno de los mayores desafíos del mercado de trabajo. Según los análisis de la Fundación Adecco, este colectivo registra la menor tasa de actividad de toda la discapacidad: únicamente el 29,8% tiene empleo o lo busca, más de cinco puntos por debajo del 35,4% registrado entre el conjunto de personas con discapacidad. En consecuencia, un 70,2% permanece fuera del mercado laboral.
Detrás de esta exclusión subyacen prejuicios y barreras culturales. En un reportaje para ‘NoticiasTrabajo’, el presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), Albert Campabadal, advirtió de que el mero cumplimiento formal de la cuota del 2% fijada por la Ley General de Discapacidad no garantiza una inclusión real ni se traduce necesariamente en entornos integradores. Por ello, desde Conacee proponen revisar el modelo y elevar progresivamente la cuota de reserva al 4%, combinando la contratación directa en la empresa ordinaria con el papel puente de los Centros Especiales de Empleo (CEE).
Por su parte, Margarita Velasco, técnica de Selección y Unidad de Apoyo de Integra CEE, señaló que las personas con problemas de salud mental “siguen a la cola del empleo” por falta de empatía y desconfianza empresarial. En este sentido, denunció que “se duda más de estas personas que del resto de profesionales con otras discapacidades” y subrayó que las Unidades de Apoyo son “el alma de los centros”, ya que permiten acompañar al trabajador en aspectos clave como la estabilidad emocional, la conciliación y la flexibilidad horaria.
Desde la Fundación Adecco, su directora de Inclusión, Begoña Bravo, defiende a través de la guía ‘Empresa mentalmente saludable’ la necesidad de trasladar parte de la responsabilidad de la adaptación desde el trabajador hacia la propia organización, garantizando procesos de selección libres de sesgos, liderazgos empáticos y un seguimiento continuo.
Vías de prevención y protocolos exigidos
CCOO, en el citado informe, reclamó que las evaluaciones de riesgos psicosociales se realicen mediante metodologías validadas y con participación de la plantilla, y propuso utilizar prioritariamente el modelo ISTAS 21 frente a F-PSICO. Esta herramienta permite evaluar la exposición real a factores de riesgo organizativo como los ritmos elevados de trabajo, la sobrecarga de tareas y el estrés tecnológico derivado de entornos digitales.
Asimismo, desde UGT reclamaron que la prevención del suicidio se incorpore a la negociación colectiva y a la gestión de los riesgos psicosociales, también dentro del marco del AENC. Entre las medidas que planteó el sindicato figuraron líneas de ayuda psicológica inmediata, canales confidenciales de asistencia, procedimientos de actuación y seguimiento, así como planes de reincorporación gradual después de una incapacidad temporal.
En este sentido, CCOO también defendió que, después de una baja prolongada por problemas de salud mental, se establezca un procedimiento de retorno al trabajo y que, antes de la reincorporación, se eliminen o modifiquen los factores de riesgo psicosocial que hayan podido contribuir al problema.
De este modo, la prevención de la salud mental se integra de forma transversal en la gestión de riesgos de las empresas, evitando abordar el sufrimiento psicológico como una afección aislada o individual del trabajador.