La Constitución Española (CE) en su artículo 28.2 define la huelga general y reconoce el derecho a la misma siempre y cuando sea empleada por los trabajadores para la “defensa de sus intereses”. Y esa a esta definición a la que se han acogido las patronales de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), presidida por Antonio Garamendi, para acusar a esta movilización de ilegítima.
UGT y CCOO han acudido al llamamiento realizado por el Sindicato de Inquilinas, uno de los impulsores de la acampada en Sol, tras la derogación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda. La postura de la patronal está basada en el alto coste que para miles de empresas tendría esta jornada de huelga general. Por eso, en un comunicado han mostrado su rechazo más contundente ya que la protesta pretende “provocar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda, de los que tiene responsabilidad la Administración”.
Lo que se pide en esta salida a las calles no tiene que ver con la materia laboral por lo que es “inadmisible” que al final sean las empresas quienes tengan que registrar pérdidas, afectando a los asalariados y a la economía. “Esta medida señala al Gobierno y a su gestión”, afirman en la nota. Independientemente de que, desde la organización, se haya explicado que la huelga general atañe a quienes votaron en contra de la puesta en marcha de ambos ‘decretos Maricarmen’.
Una huelga en vísperas de las elecciones generales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia institucional, llamó a los españoles a las urnas el próximo 29 de noviembre. “Es ahí donde los ciudadanos deben manifestarse sobre estas cuestiones”, apelan. Y resaltan que se está usando como “tablero de ajedrez” en “el devenir de un proceso que tiene que afrontarse desde el sosiego y la normalidad en la democracia”.
“Insistimos en que la información conocida hasta el momento no permite que realicemos una valoración definitiva, especialmente en su encaje jurídico dado que la convocatoria está pendiente de ratificar y carece de fecha determinada y no constituye el preaviso formal que se exige por ley”, destacan.
Elaborarán la convocatoria definitiva, los objetivos, los ámbitos y el cumplimiento de los requisitos legales, defendiendo la seguridad y el funcionamiento normal de las empresas, concluyen desde la patronal.
“Los agentes sociales no pueden calentar las calles para dividir”
En una entrevista con Rafa Latorre, en Onda Cero, Garamendi ha apuntado a que lo ideal es mantener un clima de diálogo social y que sea ahí donde se tomen las decisiones más importantes que afectan a miles de personas. “Si algo tenemos que hacer, especialmente nosotros que somos agentes sociales, es marcar la tranquilidad, la estabilidad y la responsabilidad de la paz social que es la clave y no calentar la calle para dividir”.
“La mejor infraetsructura que tiene la sociedad es la paz social”, ha dicho y ha rechazado la huelga anunciada de la que ha dicho “podría ser perfectamente ilegal” y que lo complejo es “que las empresas pequeñitas, encima, sean las que paguen la fiesta".
La vivienda “no debe ser un arma política”
Con las elecciones en ciernes, el presidente de la patronal se ha mostrado muy duro con quienes están usando la crsiis de la vivienda “como arma política en una campaña electoral” y señalado sentirse indignado con la aprobación de los dos decretos una vez que se han convocado los comicios “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.
“El Parlamento está para lo que está y te puede gustar el que había o no, pero un respeto tiene que haver. Cuántas normas, por ejemplo, a nosotros no nos han gustado pero se han aprobado por el mismo Parlamento y no por eso se ha disuelto. Lo digo así porque, claro, esto no me sirve, la democracia está para soportarnos entre todos, para aguantarnos y para aceptar las medidas que se toman en el Parlamento que es legítimo”.
“Llevamos ocho años de Gobierno, en los que hemos hablado todo el tiempo del problema de la vivienda”
Las organizaciones que convocan la huelga (CCOO y UGT) “han tenido que buscar el encaje para ver dónde colocan lo laboral” porque la realidad muestra que las movilizaciones no responden a problemas en el mercado de trabajo. Ha puesto en duda la legitimidad de la patronal porque “revisando la ley, dice que la huelga sólo tiene sentido cuando el conflicto es laboral”.
“La realidad es que llevamos ocho años de Gobierno, la realidad es que nosotros hablamos del problema de la vivienda desde gace tiempo, porque es verdad que hay un problema real y la realidad es que parece que nadie tiene la culpa o la responsabilidad sobre lo que se había trabajado durante todos estos años, como la falta de viviendas, y parece que la culpa es de los empresarios”, ha reiterado.
