Para los dueños de mascotas, encontrar una vivienda en alquiler no es una tarea fácil y es que muchos caseros no permiten tener animales en las viviendas que alquilan. Esto es algo legal en España, según explica el abogado experto en alquiler Alberto Sánchez, pero en otros países como Australia o Reino Unido, negarse sin tener un motivo justificado puede terminar en los tribunales, como en este caso en que una inquilina que pidió permiso para tener un gato y recibió la negativa de su casera porque consideraba que podía estropear una vivienda en la que había invertido más de 34.000 dólares australianos (unos 21.100 euros) en obras.
Según la información recogida por el medio local Pulse Tasmania, la inquilina tenía arrendada una vivienda de tres habitaciones y pidió a la propietaria permiso para poder adoptar un gato y llevarlo a vivir a la casa. La respuesta de su casera fue negativa porque alegaba que la vivienda había sido construida por su abuelo y que en 2022 había realizado una importante reforma que incluía el lijado de los suelos de madera y la instalación de un nuevo pavimento.
Según explicó ante el Tribunal, permitir la entrada del animal suponía, a su juicio, “un riesgo real y previsible de daños a la propiedad”, por lo que decidió rechazar la petición de la inquilina.
La casera temía que el gato dañara una reforma de más de 21.000 euros
La inquilina decidió defender su petición y explicó ante el tribunal las medidas que tomaría para evitar daños. Entre ellas, cortarle las uñas al gato, colocar rascadores y mantenerlo fuera de las habitaciones con moqueta.
También se comprometió a hacerse cargo económicamente de cualquier desperfecto provocado por el animal que fuera más allá del desgaste habitual de una vivienda.
La propietaria alegó además el valor sentimental que tenía la casa por haber sido construida por su abuelo y mostró su preocupación por los posibles alérgenos que pudiera dejar el gato.
Sin embargo, el tribunal consideró que ninguna de estas razones justificaba prohibir el animal. Sobre las alergias, señaló que no había pruebas que acreditaran ese riesgo y que la propietaria ni siquiera vivía en la casa.
El tribunal dice que no puede prohibir el gato por el simple riesgo de que cause daños
Finalmente, la Justicia declaró que la negativa de la propietaria era “manifiestamente irrazonable” y permitió a la inquilina quedarse con el gato.
El tribunal explicó que la normativa de alquileres de Tasmania pretende que los inquilinos puedan tener mascotas como un derecho y que no basta con alegar que existe la posibilidad de que el animal provoque desperfectos, porque ese riesgo podría existir con prácticamente cualquier mascota.
Además, la resolución señaló que “no había ninguna prueba” de que este gato concreto fuera a provocar daños superiores al desgaste normal de la vivienda.