El Gobierno va a dar luz verde el Consejo de Ministros a dos reales decreto ley para la vivienda después de una negociación complicada en la que el Ejecutivo de Sánchez ha tenido que plantar cara a las demandas de Sumar y a las condiciones de otro de sus socios, Junts. De este modo, el líder del Ejecutivo podrá separar las medidas que se espera salgan adelante en el Congreso de los Diputados de aquellas que, en principio, podrían ser tumbadas.
En uno de ellos aparecen contempladas las exigencias que planteaban los de Puigdemont donde priman las ventajas fiscales para los pequeños propietarios de vivienda. Y por otro lado, está el que contiene los acuerdos PSOE - Sumar. De momento, con el Consejo de Ministros en marcha, no está asegurado que salgan adelante.
Conseguir este acuerdo ha costado varias horas de trabajo
La posibilidad de que las medidas estuvieran repartidas en dos decretos era algo que se había barajado desde antes de que comenzasen las conversaciones que se dilataron durante la tarde del lunes e incluso en las primeras horas de la noche. Hay propuestas que el Gobierno de coalición considera prioritarias mientras que hay otras en las que los acuerdos están costando más trabajo.
Para empezar, el partido de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha plantado en la cita con una propuesta de nuevo borrador del RDL aunque se desconoce si habrá acuerdo. Fuentes de este partido, consultadas por EFE, han apuntado a que en la propuesta aparecen entre otros puntos, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, renovación automática de los contratos o la protección ante los desahucios.
La ministra de Sanidad, Mónica García, daba un paso adelante al asegurar que no se va a avalar nada que quede a medio camino y que soliciten los ciudadanos. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguraba que este acuerdo es una buena noticia para inquilinos y pequeños propietarios.
El PSOE quería unas medidas “ambiciosas y transversales”
La parte socialista del Gobierno pretendía un decreto “ambicioso y transversal” donde aparecieran ciertas medidas urgentes para la defensa del derecho a la vivienda en 10 puntos. Entre estas, se encuentra la protección ante los desahucios, prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, contratos de alquiler más estables, regulación del de temporada, el IVA de los pisos turísticos o las bonificaciones fiscales para inquilinos que quieran comprar la primera vivienda.
Junts ya lanzó un mensaje al Gobierno en el que aseguraban que este texto estaba bastante lejos del que se presentó por el Ministerio de Vivienda asegurando que el cambio fue “sustancial” a causa “de la presión de sus socios”.