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Estas son las mejoras del Ingreso Mínimo Vital que llegarán a más de un millón de personas

El Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto-ley donde se pone en marcha el Sello de Inclusión Social para impulsar el IMV. Las empresas tendrán que cumplir estos requisitos.

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Isabel Gómez
Isabel Gómez
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El último Consejo de Ministros del mes de julio ha venido cargado de novedades en cuanto a temas pertenecientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El Gobierno de España implantó en esta materia nuevos decretos-ley relacionados con autónomos, inmigración y mejoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y es que esta prestación no contributiva llega a casi medio millón de familias, aunque se espera que llegue a más de un millón de personas.

Hay que recordar que esta ayuda no contributiva de la Seguridad Social se puede cobrar tanto a nivel individual como si se forma parte de una unidad de convivencia. Lo que se pretende es que, se esté desempleado o no, las personas puedan alcanzar un mínimo nivel de ingresos que cubra lo que a ojos de la administración pública se consideran necesidades básicas. 

Entre esas novedades se encuentra el Sello de Inclusión Social y el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital. Como puso de manifiesto el titular del mencionado ente público, José Luis Escrivá, "las actuaciones que se están poniendo en marcha van a servir para que el IMV llegue a todos los que se necesiten. A comienzos de año se extendió la posibilidad de certificar situaciones de vulnerabilidad en los servicios sociales de los ayuntamientos, con más de 30.000 prestaciones concebidas."

¿En qué consisten esas mejoras del Ingreso Mínimo Vital?

Tras la aprobación de los decretos-ley, el destinado exclusivamente a la prestación del IMV recogió dos medidas importantes a llevar a cabo, una por las empresas y otra desde dentro del ministerio. Se tratan del Sello de Inclusión Social y del Consejo Consultivo del IMV. Materias que se explicarán a continuación.

Sello de Inclusión Social

Como se explica desde las redes sociales del Ministerio de la Seguridad Social, este tendrá como objetivo el reconocimiento de las empresas en la inclusión de los beneficiarios del IMV. Es decir, se premiará la inserción sociolaboral, el acceso a bienes y servicios, la digitalización y apoyo a la infancia.

La distinción se realizará a través de una iniciativa de innovación en el ámbito de la colaboración público y privada. Además, se hará bajo el marco de la responsabilidad social corporativa, una cuestión que a la que las empresas españolas destinan cada vez más fondos. 

Pero, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esta medida? Desde el INSS aclaran que se van a considerar integrantes:

  • Las empresas públicas.
  • Las sociedades mercantiles públicas.
  • Las compañías privadas.
  • Los trabajadores por cuenta propia (autónomos).
  • Las fundaciones.

Además, se van a tener que cumplir una serie de requisitos previos para poder desarrollar la iniciativa de innovación por parte de los participantes. Son los siguientes:

  • No haber sido sancionadas por la Seguridad Social.
  • Estar al corriente de pago de las obligaciones con Hacienda y con el INSS.
  • No causar ningún perjuicio al medio ambiente con esa actividad.
  • Presentar un plan de igualdad de género.

La vigencia de esta medida será de tres años. Una vez que se agote el plazo, para llevar a cabo una renovación, deberá volver a solicitarse y que la administración pública la resuelva favorable.

Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital

Como segunda medida, desde el Gobierno de España también se ha dado luz verde a la implantación de un Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital. En el decreto-ley se recoge que este tendrá como objeto la regulación de la organización y funcionamiento del mismo. Además, se explica que viene a ser un órgano de consulta y participación entre las entidades o las plataformas del tercer sector de acción social y las principales organizaciones de sindicatos y empresario de España.

Otra de sus funciones será la de asesorar al ministerio de la Seguridad Social, la formulación de propuestas tanto de normativas como de medidas que no son leyes en cuanto al IMV. También tendrá competencia en materia de inclusión para llevar un seguimiento y cooperar para que se implanten nuevas estrategias de esta materia.