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Ley de memoria: controversia en el Gobierno sobre el posible juicio a crímenes franquistas

Ley de memoria: controversia en el Gobierno sobre el posible juicio a crímenes franquistas PSOE y Unidas Podemos pactan que la ley de memoria permita juzgar los crímenes del franquismo
Javier Martín
Javier Martín
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Polémica en el seno del Gobierno de coalición a tenor de las 30 enmiendas que han firmado a la Ley de Memoria Democrática para calibrar la interpretación de la Ley de Amnistía que permanece vigente desde 1977. Concretamente, la más destacada de esas 30 pretende que el nuevo texto legislativo se adapte al “Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

"Se garantiza el derecho a la Justicia de las víctimas", afirma también. La controversia, por tanto, está servida. Mientras Unidas Podemos abre la puerta a la interpretación de los crímenes perpetrados durante el franquismo, la creencia del PSOE es totalmente opuesta, que no conllevará cambios efectivos ni judiciales ni en el régimen penal actual y que el único propósito es adaptar esa ley a la normativa europea y poner en valor los tratados internacionales.

Podemos: una vía para el juicio del Tribunal Constitucional

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, y que negocia por parte de Unidas Podemos la batería de enmiendas, entiende que la nueva Ley de Memoria Democrática permitirá una nueva reinterpretación jurídica del Tribunal Constitucional diferente a la que marcaba la Ley de Amnistía vigente, que impedía juzgar los crímenes franquistas.

Sin embargo, apunta que la gran mayoría de fallecimientos que se han producido de los autores hará que sea poco efectiva. “Llega tarde”, cree, al tiempo que lamenta que los atenuantes de la legislación española en virtud de la edad de los condenados. Además, también hay que tener en cuenta la irretroactividad del Código Penal, que no se verá afectado por este cambio al no tratarse de una ley orgánica. Pero Santiago, experto en justicia internacional, encuentra una alternativa que se encuentra en todos los códigos penales occidentales.

Estos permiten que los crímenes que atenten contra la humanidad y los derechos humanos, como el genocidio nazi o la dictadura chilena de Pinochet, se conviertan en retroactivos, como excepción, en la justicia internacional. De esta manera, y a pesar de que en el momento de que fueran cometidos no constituyeran delito, puedan ser juzgados. Asimismo, recuerda que siempre prevalecerá la aplicación de la justicia internacional sobre la local en caso de confrontación de este tipo de delitos y que España se ha ‘europeizado’ mucho en esta materia desde Garzón.

PSOE: un retoque infectivo penal y judicialmente

La visión del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, es opuesta. “La situación será la misma que tenemos desde 2002”, cuando se confirmó el Estatuto de Roma para adherirse al Código Penal. Por tanto, a su juicio, la modificación responde a “poner en valor” la Ley de Amnistía y los tratados internacionales.

Para él, a diferencia de Santiago, la no retroactividad del Código Penal es la clave. “No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72″, aclara. Por otro lado, trató de reafirmar el valor de la Ley de Amnistía, tan crucial para la Transición: “Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran”.

Cambios de la nueva Ley de Memoria Democrática                

  • Acceso a la verdad, justicia y reparación del blindaje de los crímenes del franquismo.

  • Derecho al reconocimiento, reparación integral, resarcimiento de los bienes y sanciones económicas por parte del Estado a las víctimas.

  • Posibilidad de investigar hechos relativos a golpe de estado, guerra y dictadura por el fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

  • Cambio de nombre de Valle de los Caídos por el original: Valle de Cuelgamuros.

  • Prohibición de exhibir imágenes o representaciones de personas vinculadas con el franquismo en lugares representativos o áreas de acceso al público.

  • Revocación de distinciones honoríficas en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista.

  • Derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo frente a otros posibles derechos.

  • Posibilidad de ampliar el censo de víctimas del franquismo supervivientes.

  • Creación de oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática.