Algunos empleos incluyen una vivienda en el mismo lugar en el que se trabaja, como pasa en muchas ocasiones con los porteros de los edificios. Es el caso de este empleado que trabajaba precisamente como portero de un edificio de Brooklyn, en Nueva York, y vivía en el sótano del inmueble. El problema fue que, trabajando, se lesionó y tuvieron que operarlo y, cuando volvió a casa, se encontró con que no podía entrar porque habían cambiado la cerradura y, además, lo habían despedido.
El hombre trabajaba en una empresa que gestiona más de 40 edificios y alrededor de 3.000 viviendas en Nueva York. Según la información publicada por la Fiscalía General de Nueva York tras investigar el caso, el portero sufrió una lesión mientras trabajaba que terminó requiriendo una intervención quirúrgica, por lo que solicitó la correspondiente indemnización por accidente de trabajo.
Sin embargo, cuando regresó a casa después de la operación, se encontró con que la empresa había cambiado la cerradura del lugar donde vivía y había puesto fin a su relación laboral, de modo que ya no podía acceder a la vivienda situada en el mismo edificio en el que había trabajado.
La empresa llegó a asegurar que nunca había trabajado allí
El problema no solo fue que ya no podía entrar en su propia casa, sino que cuando intentó recuperar el acceso a la misma, la empresa aseguraba que él nunca había trabajado allí.
Su caso terminó formando parte de una investigación más amplia contra la compañía después de que las autoridades recibieran denuncias por cambios de cerraduras realizados para impedir a varios residentes acceder a sus viviendas. La Fiscalía determinó que, entre 2020 y 2025, al menos cuatro personas fueron expulsadas ilegalmente de inmuebles gestionados por la empresa en Brooklyn y el Bronx.
En Nueva York, las personas que llevan viviendo legalmente en una vivienda durante al menos 30 días no pueden ser expulsadas simplemente cambiándoles la cerradura, sino que es necesario seguir el procedimiento judicial correspondiente.
Finalmente, tras un acuerdo entre la empresa y la Fiscalía, los cuatro afectados recibirán entre 1.000 y 1.200 dólares cada uno en concepto de indemnización (entre unos 861 y 1.033 euros); además, la empresa tendrá que pagar 23.500 dólares en sanciones (unos 20.239 euros).
