Los modelos que emplean tanto la Seguridad Social como la AIReF o el Ministerio de Economía para evaluar la proyección del gasto en pensiones son limitados a la hora de poner en valor el funcionamiento de las reformas. Un nuevo estudio elaborado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) resalta que los modelos contables que emplea la administración pública para proyectar el gasto en pensiones tiene algunas limitaciones para cuantificar el impacto de estos cambios en el sistema público, esto es, en la cuantía que cobran los miles de pensionistas españoles y de las que mensualmente hace balance la Seguridad Social.
Señala que en estas herramientas no disponen de efectividad plena para analizar las reformas normativas y tampoco el comportamiento de los ciudadanos. De este modo, el director de este organismo, Ángel de la Fuente, ha publicado el documento ‘Modelos contables de proyección del gasto en pensiones: estructuras, limitaciones y propuestas para seguir avanzando’ donde estudia el modo en que la Seguridad Social (INTegraSS) y por el Ministerio de Economía (Pegaso) o la AIReF para contabilizar el gasto en pensiones.
¿Se han hecho esfuerzos? La conclusión es que sí, y muchos, para poder documentar y publicar las herramientas de cálculo aunque sostiene que existe un “margen de mejora” que se debería tener en cuenta avisando de que su uso para evaluar las reformas legislativas suele dar problemas.
Los modelos parten de unas entidades contables que son útiles para desgranar la trayectoria del gasto de un modo constante pero no pueden predecir el comportamiento de las familias ante estos cambios.
Trabajo de campo sobre escenarios base
Para poder cuantificar los efectos de la reforma de las pensiones de 2021 a 2023 los organismos han recurrido a las modificaciones manuales sobre escenarios base. Se apoyan en lo que han señalado los técnicos de la institución pero “no se justifican al detalle”. Por eso se plantean dos recomendaciones, la primera es que se documente todo, y la segunda explicar en qué se basan estos ajustes de manera que se pueda valorar su efectividad y “plausibilidad” sobre los patrones de jubilación y los incentivos al retiro.
Además, se debería plantear el uso de modelos comportamentales que incorporen las decisiones reales de los hogares en cuanto a la oferta de trabajo, de ahorro y de momento de jubilación en el momento en que se den cambios en la normativa.
No hay acuerdo en el impacto del déficit
Los informes oficiales, los de las instituciones, resaltan un impacto moderado de la última reforma de las pensiones pero desde Fedea se apunta a un empeoramiento del déficit básico del sistema de pensiones cercano a 4 puntos del PIB hacia 2050 frente a otros menores a los 2,5 o 3 puntos previstos.
Hay medidas, como la revalorización de las pensiones con el IPC que elevan el gasto tanto directa como indirectamente ya que merma la capacidad de ahorro de las familias y abre la puerta a las jubilaciones anticipadas que son dos factores que bajan el PIB y por ende, las cuentas del sistema.
El análisis apunta a que la jubilación demorada va a aumentar del 10% al 30% durante los próximos años por el aumento de la esperanza de vida, y no exclusivamente por los incentivos económicos.
