Las Comunidades Autónomas (CCAA) podrían destinar 11.528 millones de euros a pagar intereses de su deuda en 2029, más de lo que invirtieron en 2022, cuando esa partida fue de 3.608 millones, según recoge un informe elaborado por los investigadores de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) titulado ‘Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda autonómica’ (que se puede leer en este enlace) y que firman los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín.
Este estudio presenta una contradicción importante porque, aunque la deuda autonómica bajaría del 23% del PIB registrado en 2022 al 17,1% de 2029, la cuantía que las CCAA pretenden dedicar a pagar los intereses va a seguir aumentando. El motivo no es otro que el de refinanciar los vencimientos a unos tipos más altos que los aplicados a la deuda que van amortizando de manera progresiva.
Los autores avisan que estos cálculos no son predictivos, sino una proyección que se ha realizado teniendo en cuenta supuestos económicos y fiscales, entre los que aparece un aumento del PIB superior al 4%, cumplimiento de los objetivos presupuestarios y mantenimiento de los tipos de interés usados para la simulación hasta 2029.
La factura de intereses pasa de 3.608 a 11.528 millones
El gasto de las autonomías en intereses se ha duplicado en poco más de tres años, según los datos de este informe que recogen que pasó de 3.608 millones de euros en 2022 a 7.487 millones en 2025. La estimación lo eleva a 7.945 millones en 2026, 8.786 millones en 2027 y 9.981 millones en 2028 o 11.528 millones en 2029.
Esto quiere decir que el incremento acumulado ha sido de 7.920 millones de euros, el 220%. El tipo medio que se ha pagado por CCAA también se multiplica por tres, desde el 1,1% de 2022 hasta el 3,3% en 2029.
En la Comunidad Valenciana es donde aparece el mayor incremento después de Cataluña, con una factura que pasaría de 361 a 2.080 millones, el 476% más; en el segundo caso, se alcanzarían los 2.968 millones de euros frente a los 1.029 de 2022 y en Madrid se pagarían 1.409 millones y en Andalucía 1.356 millones.
Cuando se toman datos porcentuales, el aumento más destacado aparece en La Rioja con unos intereses que pasan de 5 a 45 millones frente a los 1.029, el 804% más, destacando Canarias con un incremento del 410%, Murcia del 407% y Castilla-La Mancha del 396%.
La deuda baja con respecto al PIB pero no en términos absolutos
El volumen total de la deuda por Comunidades Autónomas se ha quedado en 347.102 millones de euros de cara a 2029, lo que supone 29.191 millones por encima de lo que se contabilizó en 2022, pero el peso sobre el PIB bajaría desde el 23% hasta el 17,1%. La caída se produce por la mejora económica y las previsiones iniciales que hablan de que las economías llegarían al equilibrio presupuestario en 2027 con un superávit del 0,1% en 2028 y 2029.
Los investigadores reconocen que son “optimistas” porque exigen que todas las autonomías cumplan con los objetivos de déficit. Este cálculo presupone que no hay condonación de la deuda por parte del Estado, que tiene el 60% del total por los mecanismos extraordinarios de financiación que comenzaron en 2012.
En el caso de Asturias, se mantiene una situación especial analizada por Fedea, en la que señalan que el tipo medio de la deuda podría alcanzar el 4,4% en 2029 frente al 3,3% del conjunto de las autonomías porque pesan más los préstamos de tipo variable. Pero los autores apuntan que esta estimación podrá estar sesgada al alza porque buena parte del aumento se daría antes de acabar 2025.
Prudencia con las bajadas de impuestos
El estudio avisa de que el encarecimiento de la deuda va a obligar a las CCAA a desviar una cuantía destacada de recursos desde otras políticas al pago de intereses, y el problema no está solo en cuánto se debe por parte de las administraciones, sino en el coste, que cada vez es más alto, destinado a mantener y a refinanciar la deuda.
Los investigadores concluyen que los gobiernos de las autonomías deben ser precavidos cuando se trate de aprobar políticas fiscales expansivas y, en particular, hacen referencia a las reducciones significativas de impuestos y programas de gasto con rentabilidad social limitada que pueden comprometer las cuentas regionales.
Este documento parte de las nuevas necesidades de financiación que se cubrirán a un tipo de referencia del 3% y que la refinanciación de los vencimientos encarecerá su coste en 12,9 puntos porcentuales. Cuando haya cambios en la evolución de los tipos en las Comunidades Autónomas, o se incumplan las previsiones fiscales, el resultado podrá cambiar.
