La Comisión Europea (CE) se ha propuesto liberar vivienda en zonas tensionadas donde la demanda es elevada pero los precios (alquiler o compra) se han disparado en los últimos meses. Los datos del Ministerio de la Vivienda presentados en el mes de junio destacan que en Comunidades Autónomas como Madrid y Cataluña se han alcanzado cifras históricas dejando lejos los números de la llamada ‘burbuja inmobiliaria’.
Por eso, desde Bruselas se quiere presentar a las autoridades locales un nuevo marco jurídico que permita restringir los alquileres de corta duración como los que se anuncian en plataformas (Airbnb por ejemplo) así como la compra venta de segundas viviendas en las denominadas zonas tensionadas. Pero estas medidas no podrán aplicarse en todos los territorios por igual y deberán pasar por una serie de filtros.
Para empezar, desde la CE se exige que cada una de estas posibles restricciones se justifique presentando datos, que sea proporcionada y que se ajuste a la situación concreta del mercado inmobiliario afectado. La administración afectada debe demostrar que las actividades a las que se refiere esta orden ejercen una presión importante sobre la disponibilidad y el precio de la vivienda debido a la escala, frecuencia o carácter comercial.
La futura Ley de la Vivienda Asequible no va a incluir un catálogo de medidas que sea compatible con esta normativa europea pero sí va a implicarse en esta con una metodología que analice cada caso teniendo en cuenta cómo se ha diseñado esta restricción, la finalidad y el impacto que podría tener.
Recientemente, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltaba el problema de la vivienda, y aseguraba a los jóvenes que se iban a invertir 7.000 millones de euros en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La zona deberá llevar tensionada por lo menos 3 años
Para limitar estos alquileres de corta duración, las administraciones deberán acreditar que existen problemas de acceso, disponibilidad o asequibilidad de la vivienda y que estos se mantienen por lo menos, durante tres años. Además tienen que justificar que otra restricciones alternativas menos restrictivas no permiten que se consiga el mismo resultado
Antes de tomar estas medidas hay que realizar un diagnóstico que confirme que la zona está tensionada con varios criterios que ha planteado Bruselas entre los que se encuentra que el precio de la vivienda supere el equivalente a 8 años de ingresos netos.
Las restricciones tendrán que estar adaptadas al problema en concreto, respetando la seguridad jurídica y garantizando los derechos fundamentales y por lo tanto esto no supone que Bruselas avale cualquier prohibición general de Airbnb o de las segundas residencias.
Las restricciones no podrán superar los 5 años
Las medidas podrán mantenerse durante un periodo máximo de 5 años aunque es posible que se revisen de forma periódica aunque las nuevas evaluaciones deberán respetar la misma metodología. La CE ha avisado también de que estas restricciones no podrán sustituir a las políticas para resolver causas estructurales de falta de vivienda entre las que se encuentran la construcción de nuevos inmuebles y renovación del parque residencial existente.
En el caso de las segundas viviendas y de las desocupadas durante largos periodos de tiempo, las condiciones que se aplican a la compra no pueden tener efectos retroactivos. Deberán introducirse disposiciones transitorias contemplándose situaciones justificadas como podría ser un traslado temporal a otra ciudad por motivos de trabajo o la estancia en un hospital durante un periodo largo de tiempo.
Madrid cuenta con 40 alquileres turísticos por cada 100 de larga duración
El problema del alquiler en España sigue existiendo con una subida de precios que es casi continuada año a año y que va ligada al coste de la vida. Ahora, Bruselas quiere actuar ante el problema de acceso a la vivienda y ha citado el Eurobarómetro más reciente donde se destaca que la mitad (o un número superior) de las ciudades europeas considera que la vivienda es un problema inmediato y urgente en su lugar de residencia.
En Madrid, por ejemplo, por cada 100 viviendas disponibles en el mercado del alquiler de larga duración, hay 40 destinadas a estancias cortas según los datos expuestos por los servicios comunitarios.
“Cuando el mercado no puede proporcionar algo tan fundamental como es una vivienda asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar”, ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Y el comisario de Energía y Vivienda, por su parte, ha defendido que además de construir y renovar viviendas, en Europa hay que saber cómo aprovechar mejor las ya existentes.
