Ni Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni decretos de vivienda. Junts vuelve a tener la llave y ha decidido posicionarse del lado del ‘no’ junto a PP y Vox y tumbará las dos normativas, publicadas ya en el BOE (Boletín Oficial del Estado) tras decidirlo así durante una reunión que terminó a altas horas de la noche del pasado jueves. La Ejecutiva del partido de Carles Puigdemont ha abogado por ‘desahuciar’ a Pedro Sánchez, desoyendo su llamamiento a votar a favor de un decreto con componentes, según el líder socialista, meramente sociales.
Los catalanes solicitan ahora la retirada de los dos decretos, y pide que se elabore uno nuevo “que comience a revertir la grave situación de la vivienda”. En un comunicado, difundido por la formación de Miriam Nogueras, apuntan a que “muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario al que se pretende” confirmando una “reducción de las viviendas de alquiler, aumentando los precios y complicando el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica”.
Una afirmación avalada, especialmente por los tuiteros, que han inundado la red social X con pantallazos de páginas web en las que han desaparecido miles de viviendas en alquiler desde que, esta semana, se anunciase en el Consejo de Ministros la aprobación de los decretos.
Junts ha confirmado que espera que, una vez que esté listo el nuevo texto, este regrese al Consejo de Ministros para que vuelva a ser aprobado mediante un Real Decreto Ley (RDL) y “en estas condiciones, Junts dará el voto favorable”.
Confirman que con el texto oficial los inquilinos “deben competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas”. Además señalan que la actividad de los fondos buitre “no se detiene” ya que estas entidades con los actuales decretos podrán seguir comprando casas y promoviendo los desahucios de las personas vulnerables.
“No se protege adecuadamente al inquilino vulnerable”
Junts ha apuntado en el comunicado emitido tras la reunión que con estas normas “no se resuelve de manera adecuada la protección de los inquilinos en situación de vulnerabilidad” ya que no se garantiza que las administraciones se hagan cargo de los gastos. Señala que muchas de las medidas contenidas en el texto “suponen la expropiación por decreto del ahorro de varias generaciones de familias” y que las viviendas que salgan del mercado del alquiler para pasar al de venta, “difícilmente quedarán al alcance de la clase trabajadora”.
Los compradores que tengan más dinero en el banco serán quienes finalmente puedan comprarlas, reiteran.
“Una norma que pretende proteger el acceso a la vivienda terminará siendo más complicado conseguir un piso, más difícil pagarlo y más complicado que accedan al mismo las personas de la clase media y trabajadores”, por lo que en la reunión se ha optado por decidir votar en contra de la norma.
