La Junta de Andalucía prepara una nueva norma para endurecer la respuesta frente a las agresiones a los profesionales sanitarios. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el Gobierno autonómico llevará antes de final de año al Parlamento una ley integral que será tramitada mediante decreto ley y que incorporará un régimen sancionador propio, con multas que podrán alcanzar los 60.000 euros. La iniciativa también abordará la reincidencia, las amenazas en internet y el acoso a través de redes sociales.
La medida llega después de que el sistema sanitario público andaluz registrase 1.976 agresiones a profesionales durante 2025. De ellas, 387 fueron físicas y 1.589 no físicas, alrededor del 80% del total, y de las cuales las mujeres concentraron el 74% de los casos. La incidencia en Andalucía se situó en 15,41 notificaciones por cada 1.000 profesionales, por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud, de 24,37.
Por ello, Sanz ha anunciado la futura norma durante las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud, celebradas en Almería, donde el dirigente ha defendido que las agresiones deben abordarse no solo como un problema de seguridad ciudadana, sino también como un riesgo laboral que afecta a la salud física y emocional de los trabajadores y al propio funcionamiento de los centros.
La principal novedad será la creación de un procedimiento sancionador administrativo propio, independiente del recorrido que pueda seguir cada caso por la vía penal. Según ha explicado, esta fórmula permitirá a la Administración autonómica tramitar directamente los expedientes y agilizar la imposición de sanciones.
El texto todavía está en elaboración y la Junta prevé incorporar en los próximos días las aportaciones de profesionales, sindicatos y colegios profesionales. El Gobierno andaluz sostiene que recurrirá al decreto ley por la “urgencia y necesidad” de la medida, una vía que permitiría su aprobación inmediata por el Consejo de Gobierno y su posterior convalidación parlamentaria.
El agresor, fuera del centro
Otra de las medidas anunciadas afecta a lo que ocurre después de una agresión. La Junta estudia mecanismos para que, cuando sea posible, sea el agresor y no el profesional agredido quien tenga que abandonar o dejar de acudir al centro sanitario en el que se produjo el conflicto. “No es justo que el que se tenga que mover sea el profesional”, ha sostenido Sanz, quien ha planteado que sea el atacante quien deje de coincidir con el trabajador al que ha agredido.
La norma también pretende facilitar las denuncias de los sanitarios. El Ejecutivo autonómico estudia fórmulas para reforzar la asistencia jurídica del SAS y proteger la identidad del denunciante en determinados procedimientos, ante el temor que, según la Consejería, sienten algunos profesionales a la hora de comunicar una agresión.
El ámbito digital será otro de los frentes, ya que la futura regulación incluirá ataques producidos a través de internet, redes sociales y situaciones de acoso cibernético, fenómenos que la Junta considera ya parte del problema de las agresiones al personal sanitario.
Más de 50.000 dispositivos de seguridad
La futura ley se suma a las medidas que el SAS ha desplegado durante los últimos años. Según los datos aportados por Sanz, el sistema sanitario público dispone ya de más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso, alarmas individuales y otros mecanismos destinados a prevenir y responder a situaciones violentas.
La Junta asegura además haber duplicado en los últimos años el presupuesto destinado a estas actuaciones, desde algo más de 30 millones hasta superar los 60 millones de euros. El propio consejero ha reconocido también que este incremento continúa siendo “insuficiente” a la vista del número de incidentes registrados.
El Gobierno autonómico también ha puesto en marcha la unidad policial Sócrates, acrónimo de Servicio Operativo contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios. La unidad está integrada en la Policía Adscrita a Andalucía y tiene como cometido trabajar en la prevención, el seguimiento y la actuación ante agresiones contra trabajadores sanitarios.
A estas actuaciones se suma el Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario, concebido para analizar la evolución de los incidentes y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. La Consejería ha anunciado además una ampliación de su composición para incluir a representantes de las distintas profesiones sanitarias y organizaciones sindicales.
