El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación del ‘Plan IA360’ que permitirá impulsar el uso de la Inteligencia Artificial en España estableciendo controles que garanticen la seguridad, transparencia y protección a los ciudadanos y abriendo el abanico de posibilidades para las empresas.
Durante el próximo año se va a trabajar por parte del Ejecutivo, en medidas para el desarrollo de esta propuesta y en el mes de octubre se convocará a la patronal y a los sindicatos para que negocien un “gran acuerdo de país” y un nuevo contrato social que dé seguridad a los trabajadores ante los cambios que esta herramienta podría producir en el empleo y del que ya han alertado los expertos, entre ellos algunos ex trabajadores de empresas especializadas en el desarrollo de la IA.
Para el líder del Ejecutivo es fundamental que España actúe con rapidez porque casi la mitad de la población que se encuentra en edad de acceder al mercado laboral, ya tienen tanto conocimientos como herramientas en Inteligencia Artificial generativa de manera que nuestro país está entre los diez que más uso hacen de esta nueva tecnología según un informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Los estudiantes deberán familiarizarse con la IA
Uno de los objetivos que plantea este Plan IA360 es el de convertir la llegada de la Inteligencia Artificial en una fuente de creación de talento, de empleo y de crecimiento económico. Por eso, el Gobierno busca que España se consolide entre los países donde se ha reforzado la capacidad tecnológica, expandiendo el conocimiento de estas herramientas.
Entre las medidas que se han anunciado se encuentra la adaptación de los programas educativos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP) con la intención de que los jóvenes aprendan a emplearla correctamente y luego sepan cómo aplicarla en la vida profesional.
La IA servirá, insiste Sánchez, para cerrar las brechas sociales, geográficas y económicas asegurando que hay un riesgo de que aumente las desigualdades en caso de que el desarrollo se estanque quedando concentrado en unas pocas empresas y países.
Una mesa de diálogo social sobre el empleo y la nueva herramienta
El Gobierno ha anunciado su intención de llamar a los agentes sociales para abordar las consecuencias que la llegada de la IA tendrá en el mercado de trabajo, señalando que en estas conversaciones deberán estar presentes tanto la patronal CEOE - Cepyme como los sindicatos (UGT y CCOO).
La intención no es quedarse ahí, sino que los acuerdos sean avalados por las formaciones políticas, los expertos, científicos y ciudadanos ‘de a pie’ por medio de sus representantes. Bajo el paraguas de conseguir un contrato social que proteja a las personas ante la irrupción de la IA no sólo en el mercado de trabajo sino en la boda diaria, defendió que tanto las empresas como las administraciones deberán trabajar de forma conjunta en la toma de decisiones.
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha apuntado a la importancia de que el debate se abra más allá de si acelerar o frenar el desarrollo de la IA ya que la intención es que nadie deba escoger entre “el miedo y el entusiasmo ciego”.
Controles a la toma de decisiones de la IA
Habida cuenta de los desarrollos de la Inteligencia Artificial y del crecimiento exponencial de esta tecnología, Sánchez ha defendido que debe contar con reglas claras, supervisión y mecanismos que permitan saber cómo se han tomado ciertas decisiones. Sostuvo que en ningún caso deberá sustituir al criterio humano en los ámbitos en los que este segundo deba imponerse.
Apuntó que las mismas empresas tecnológicas deberán ser las encargadas de controlar cómo se desarrollan sus sistemas ante unas actuaciones en las que “la autorregulación no funciona”, y como muestra ha hablado de las prácticas de monopolio y abuso que están ejerciendo las principales empresas del sector.
“La IA desregulada es opaca, en estampida y en pocas manos es el cóctel perfecto para que pase una desgracia”, ha asegurado. Por eso, pide una regulación en la que las empresas dean asumir responsabilidades legales y económicas por las consecuencias derivadas de sus herramientas.