La Seguridad Social niega la prestación por maternidad a una mujer despedida por estar embarazada y la justicia obliga a pagársela

Aunque la empresa dejó de cotizar por ella tras despedirla, la justicia considera que seguía en situación asimilada al alta porque su despido fue declarado nulo.

Una mujer embarazada con las manos sobre la barriga |Envato
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido el derecho de una trabajadora a cobrar la prestación por maternidad que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le había denegado por no estar dada de alta en el momento de dar a luz. La mujer había sido despedida por estar embarazada y, aunque la justicia declaró nulo su despido, la empresa no había abonado sus cotizaciones. El tribunal considera que debía encontrarse en situación asimilada al alta y obliga a la Seguridad Social a abonarle la prestación.

Según se recoge en la sentencia, la trabajadora fue despedida el 3 de enero de 2016 por estar embarazada. Ante esta situación, decidió acudir a los tribunales y consiguió que el Juzgado de lo Social número 1 de Almería declarara nulo su despido.

Tras quedarse sin trabajo, comenzó a cobrar el subsidio por desempleo y, meses después, el 27 de julio de 2016, dio a luz a su hijo. El despido fue declarado nulo por la justicia, pero la trabajadora no llegó a reincorporarse a su puesto. De hecho, encontró otro empleo y finalmente renunció a solicitar su readmisión, quedando extinguida judicialmente la relación laboral con efectos de abril de 2017.

Posteriormente, en mayo de 2019, solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación por maternidad correspondiente al nacimiento de su hijo. Sin embargo, en febrero de 2020, la Seguridad Social se la denegó al considerar que, cuando dio a luz, no se encontraba dada de alta ni en una situación asimilada al alta, tal y como exige la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

El problema está en que la empresa solo había cotizado por ella en enero, noviembre y diciembre de 2016. Así, entre febrero y octubre de ese año, periodo en el que dio a luz, no constaban cotizaciones. Por este motivo, el INSS le comunicó que, para poder cobrar la prestación, tenía que pedir que se ejecutara la sentencia que había declarado nulo su despido.

El caso acaba en los tribunales

No conforme con esta decisión, la trabajadora decidió acudir a los tribunales. En un principio, el Juzgado de lo Social número 2 de Almería desestimó su demanda, dando la razón al INSS y manteniendo la denegación de la prestación por maternidad.

La mujer decidió recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, defendiendo que tenía derecho a cobrar la prestación porque su despido había sido declarado nulo. En concreto, alegó que su relación laboral no había terminado realmente cuando la empresa la despidió en enero de 2016, sino en abril de 2017, cuando se declaró judicialmente la extinción del contrato.

Por ello, sostenía que, cuando dio a luz en julio de 2016, debía considerarse que se encontraba en una situación asimilada al alta en la Seguridad Social, aunque la empresa no hubiera ingresado las cotizaciones correspondientes.

El TSJ de Andalucía le da la razón y obliga al INSS a pagarle la prestación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí dio la razón a la trabajadora, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sala explicó que cuando un despido es declarado nulo, la empresa está obligada a cotizar por el periodo correspondiente a los salarios de tramitación.

Esto significa que, aunque la trabajadora no figurara dada de alta cuando dio a luz, debía considerarse que se encontraba en una situación asimilada al alta con efectos retroactivos, al haberse declarado nulo su despido. Los magistrados también aclararon que el hecho de que después renunciara a reincorporarse a la empresa no eliminaba las consecuencias legales de la nulidad del despido, entre ellas la obligación de cotizar.

Por tanto, el tribunal consideró que la mujer sí cumplía el requisito de estar en alta o en situación asimilada cuando nació su hijo, ya que su relación laboral no quedó extinguida judicialmente hasta 2017.

Así, el TSJ de Andalucía dio la razón a la trabajadora y dejó sin efecto la sentencia anterior, obligando a la Seguridad Social a pagarle la prestación por maternidad que le había denegado.

La sentencia no era firme y se podía recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

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