El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido la incapacidad permanente absoluta del 100% de su base reguladora de 1.275,98 euros al mes a una empleada del hogar con fibromialgia y depresión a la que la Seguridad Social se la denegó por entender que dolores no le quitaban movilidad. La justicia considera que con dichas lesiones no puede trabajar en nada, ya que no aguanta ni los esfuerzos ligeros y necesita ayuda hasta en su propia casa.
La mujer, nacida en 1977, trabajaba como empleada del hogar y estuvo de baja médica desde marzo de 2023 hasta agosto de 2024, es decir, un año y medio. Al agotar la duración máxima de incapacidad temporal, el INSS tramitó la incapacidad permanente, siendo esta denegada.
El motivo del tribunal médico es que tenía “dolores generalizados”, pero “sin limitación de movilidad”, además de ansiedad y depresión con las “funciones superiores conservadas”, en otras palabras, que no tenía problemas de memoría o de concentración. A pesar de reclamar la incapacidad, esta le fue denegada nuevamente, por lo que tuvo que acudir a los tribunales.
Derecho a la incapacidad permanente absoluta
El juzgado de San Sebastián le dio la razón, ya que dio por probado que tenía “fibromialgia con 18 puntos miofasciales de 18” (todos los puntos explorados), junto a fatiga crónica y episodios depresivos graves, y que ya se habían “agotado todas las posibilidades terapéuticas”. El INSS como no estaba conforme con esta decisión, decidió acudir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El TSJ rechazó el recurso, volviendo a dar la razón a la empleada del hogar. Explica la Sala que el cuadro de la mujer le limita “la posibilidad de realizar cualquier tarea de esfuerzo por liviana que sea, con un mínimo rendimiento, continuidad y eficacia”, y que la depresión le afecta a la atención, la memoria y la toma de decisiones.
Por ese motivo los magistrados creen que resulta “ilusorio el acceso de la beneficiaria al mercado laboral en condiciones mínimas de rendimiento y continuidad”. Destacan además que a la mujer le han concedido el servicio de ayuda a domicilio, algo que para la Sala, aunque no vincula al tribunal, “resulta altamente ilustrativo” de cómo se encuentra, según recoge la sentencia (disponible en el Poder Judicial).
De esta forma, la mujer tendrá derecho a cobrar “una pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora de 1.275,98 euros mensuales” ya que la incapacidad permanente absoluta es la que limita para cualquier tipo de profesión y da derecho al 100% de la base. La Seguridad Social intentó además retrasar esa fecha quince días, hasta el 18 de octubre, pero el tribunal tampoco lo acepta.