Casi ocho años después de su último día de trabajo, una cajera de supermercado con esclerosis múltiple ha logrado una pensión vitalicia de incapacidad permanente absoluta, del 100% de una base reguladora de 1.158,95 euros, después de que la Seguridad Social se la hubiera denegado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que no puede trabajar en nada, ya que necesita apoyo hasta para andar 100 metros, y que para este grado no le hacía falta estar de alta.
La mujer, nacida en 1983, trabajó como cajera en una cadena de supermercados desde 2008 hasta diciembre de 2018, cuando la despidieron por ineptitud sobrevenida (el despido que se aplica cuando el trabajador deja de poder hacer su trabajo). Tras esto, estuvo cobrando el paro durante dos años (que es la duración máxima) y desde entonces no volvió a estar trabajando. Además, en mayo de 2022 dejó de renovar la demanda de empleo.
En marzo de 2023, según recoge la sentencia del Poder Judicial, le diagnosticaron esclerosis múltiple y debido a dicha enfermedad y la imposibilidad de trabajar, pidió la incapacidad permanente, siendo esta denegada por la Seguridad Social al entender que no tenía ningún grado de incapacidad. En su resolución le apuntaba un 1,5 en la escala EDSS, la que mide la discapacidad de las personas con esta enfermedad.
La incapacidad permanente absoluta es la de quien no puede hacer ningún trabajo y se paga con el 100% de la base reguladora (la cantidad sobre la que se calcula la pensión), mientras que la total es para quien no puede seguir en su profesión pero sí en otra. El problema es que para cobrar la total hay que estar de alta o en una situación asimilada, como seguir apuntado como demandante de empleo cuando se está en paro, y como hemos señalado en el párrafo anterior, ella no lo estaba desde 2022.
Como no estaba conforme decidió recurrir ante los tribunales, pero un juzgado de Barcelona rechazó su demanda en abril de 2026, aunque dio por probado que la mujer tenía “disminución de la sensibilidad y marcha inestable con EDSS actual de 6.0”, muy lejos de aquel 1,5.
No estar de alta no quita la pensión por incapacidad permanente
El TSJ de Cataluña entiende que con ese nivel no se puede trabajar y explica que el 6 de esa escala es el de la persona que “necesita ayuda constante, unilateral o de forma intermitente (bastón, muletas o andador) para andar 100 metros con o sin descanso”, recordando además que en otras sentencias ya ha dicho que entre el 5 y el 6,5 existe “incapacidad para cualquier actividad profesional”.
Con esas limitaciones, la Sala ve “meramente teórica la posibilidad de desarrollar una actividad laboral normalizada, aunque sea sedentaria o liviana”, puesto que para cualquier empleo “en principio, siempre es necesario un desplazamiento al centro de trabajo”.
Sobre el hecho de que no estuviera de alta, el tribunal señala que este grado no depende de ello “siempre que se cumpla el requisito de cotización exigido”, que según el artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social son 15 años cotizados, con al menos tres de ellos en los últimos diez. En su caso lo da por cumplido, puesto que en el pleito no se manejó ningún dato sobre lo que había cotizado.
La pensión, que es vitalicia y del 100% de esa base de 1.158,95 euros más las subidas de cada año, se le reconoce con efectos desde el 19 de julio de 2023, por lo que a la mujer le corresponden también los atrasos de más de tres años.