El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala que la pensión de gran invalidez de un hombre que quedó tetrapléjico tras una caída se debe empezar a contar desde el dictamen del tribunal médico, ya que antes, mientras seguía en tratamiento, no se podían valorar sus secuelas. De esta forma, el hombre se queda sin cobrar la pensión de los casi doce meses que la Seguridad Social tardó en reconocérsela.
El hombre trabajó en Telefónica hasta noviembre de 2013, cuando “causó baja en la empresa a consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE)”. Tras agotar el paro, “suscribió Convenio Especial con la Seguridad Social a efectos de cotización hasta alcanzar la edad de jubilación”, es decir, que él pagaba de su bolsillo las cotizaciones a la Seguridad Social sin trabajar para que su pensión de jubilación no se viera afectada.
A finales de noviembre de 2022 sufrió una caída que le provocó una lesión medular y quedó tetrapléjico, por lo que en enero de 2023 tuvo que ingresar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el 17 de mayo, “a través de la trabajadora social del hospital”, solicitó a la Seguriadd Social que le reconocieran la incapacidad permanente.
El informe médico no llegó hasta el 30 de abril de 2024 y hablaba de un “paciente de 63 años, que tras traumatismo en noviembre 2022 ha quedado tetrapléjico” y que “presenta menoscabo para toda actividad laboral con necesidad de ayuda para la realización actividades básicas vida diaria”. Tres días después, el tribunal médico propuso reconocerle la gran invalidez, siendo este el grado más alto, que se da a quien no puede ejercer ninguna actividad laboral y además necesita a otra persona para lo más básico del día a día, y la Seguridad Social se la concedió con efectos desde ese 3 de mayo.
El problema es que entre una fecha y otra pasó casi un año, y el hombre pidió cobrar la pensión desde el 17 de mayo de 2023, que es cuando la solicitó, pero ni la Seguridad Social ni el juzgado de Jaén le dieron la razón, por lo que acudió al TSJ.
Para entender esto hay que saber que una incapacidad permanente que no viene de una baja médica, como esta, empieza a contar, según el artículo 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996, en “la fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de valoración de incapacidades”, que es el tribunal médico, aunque se haya pedido mucho antes. Solo en casos muy concretos el Tribunal Supremo ha dejado adelantarla, y a eso se agarraba este hombre, que defendía que en el suyo había “especiales y concretas circunstancias”.
Su pensión se cobra desde el dictamen médico
El TSJ de Andalucía no le ha dado la razón, ya que, según explica, “hasta que no se consolida un escenario patológico por el agotamiento de las posibilidades terapéuticas no es viable evaluar el alcance de las secuelas”. Es decir, que mientras una persona sigue en tratamiento, no se puede saber cómo va a quedar.
En su caso, cuando pidió la pensión estaba en rehabilitación y, según la Sala, “se hallaba inmerso en el conjunto de abordajes médicos tendentes a mejorar su estatus físico”, por lo que su situación “no era valorable sino hasta un momento posterior”, que la ley hace coincidir con el dictamen.
De esta forma y según la sentencia, el hombre cobra la gran invalidez desde el 3 de mayo de 2024 y pierde los atrasos de los once meses y medio anteriores. En esta sentencia hay que saber que la incapacidad permanente de quien no está de baja médica pero sigue cotizando, como este hombre, se cobra desde la fecha del dictamen del tribunal médico y no desde la solicitud, por lo que en esos casos el tiempo que tarde la Seguridad Social en valorar al trabajador no se recupera después.