Los trabajadores con un despido disciplinario cobrarán el paro del SEPE aunque sea procedente y sin tener que demandar a la empresa, pero necesitan 360 días cotizados Cualquier tipo de despido genera una situación legal de desempleo, lo que da opción a cobrar la prestación contributiva.
El cobro del paro permite a los trabajadores que han perdido su empleo seguir teniendo una fuente de ingresos mientras encuentran una nueva oportunidad laboral. El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) permite cobrarlo en cualquier tipo de despido, incluido el disciplinario, incluso si la empresa tiene la razón, siempre que el trabajador tenga un mínimo de 360 días cotizados por desempleo dentro de los últimos seis años anteriores a la situación legal de desempleo.
El despido disciplinario es el que se da cuando la empresa entiende que el trabajador ha cometido un “incumplimiento grave y culpable”, según recoge el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (se puede consultar en este BOE). Este tipo de despido no da derecho a indemnización, pero sí da derecho a paro.
El artículo 268.4 de la Ley General de la Seguridad Social señala además que la decisión de la empresa de despedir “se entenderá, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo”. Es decir, el hecho de perder el empleo de forma involuntaria es lo que la ley exige para cobrar.
La web del SEPE lo confirma también, señalando que “para cobrar la prestación por desempleo no es necesario que presentes demanda frente al despido ante el Juzgado de lo Social, tampoco que el despido sea calificado como procedente, improcedente o nulo por resolución judicial”. De esta forma, solo es necesario que la empresa comunique el despido, una regla que está desde la ley de la reforma del desempleo de 2002.
Lo que no hay con un despido disciplinario procedente es derecho a la indemnización por despido, ya que el artículo 55.7 del Estatuto de los Trabajadores dice que pone fin al contrato “sin derecho a indemnización”, y el trabajador se lleva solo el finiquito (horas extras, vacaciones sin disfrutar o parte proporcional de las pagas extraordinarias).
Pedir el paro no quiere decir que no se pueda demandar a la empresa dentro de los 20 días hábiles siguientes al despido (artículo 59 del Estatuto), y si el juez lo declara improcedente la empresa tendrá que readmitirlo o pagarle una indemnización.
Requisitos para cobrar el paro tras un despido disciplinario
Para cobrar la prestación contributiva por desempleo (el paro), el SEPE exige cumplir con unos requisitos, los cuales vienen recogidos en el artículo 266 de la Ley General de la Seguridad Social:
- Estar afiliado a la Seguridad Social y en alta, o en una situación asimilada al alta.
- Tener cotizados al menos 360 días en los seis años anteriores al despido.
- Inscribirse como demandante de empleo y firmar el acuerdo de actividad (el compromiso de buscar trabajo).
- No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que no se tenga cotizado lo necesario para jubilarse.
El paro se pide en la sede electrónica del SEPE o en una oficina de prestaciones con cita previa, en los 15 días hábiles siguientes al despido o al final de las vacaciones pagadas que no se hubieran disfrutado. En el caso de pedirlo más tarde, se seguirá conservando el derecho, pero se pierden días de prestación, ya que la ley le descuenta “tantos días de prestación como medien” entre el día en que habría empezado a cobrar y el de la solicitud.
En el caso de no tener ese mínimo de 360 días cotizados, no se tendrá derecho a la prestación contributiva por desempleo, pero sí se tendrá derecho al subsidio por insuficiencia de cotización, siempre y cuando se tenga un mínimo de 90 días cotizados por desempleo y no se supere el límite de rentas.
Por ejemplo, un despedido con dos años cotizados tiene derecho a ocho meses de paro, según la tabla de lo que se cobra por los años trabajados del artículo 269. Con una base reguladora de 1.600 euros, que es la media de lo que ha cotizado en sus últimos seis meses, cobrará 1.120 euros brutos al mes durante los seis primeros meses y 960 euros los dos restantes, que son el 70% y el 60% que fija el artículo 270.