La demolición del hotel de El Algarrobico, que se encuentra en la localidad de Carboneras (Almería) ha dado un paso más tras años de procedimientos administrativos y judiciales durante los que los ciudadanos apenas notaron avances. La promotora Azata estará obligada a redactar un proyecto y a llevar a cabo el derribo de este gigante situado muy cerca de la playa y para asegurarse de que se realizará, la Junta de Andalucía ya baraja posibles sanciones económicas.
Ha sido el delegado del Gobierno en Almería, Francisco Góngora (PP), el que ha señalado en declaraciones recogidas por EFE que el expediente se terminará casi con toda seguridad con una orden formal de demolición dirigida a la empresa propietaria de estas instalaciones.
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La administración, ha explicado ante los medios, va a continuar con el procedimiento “con las máximas garantías legales y la mayor seguridad jurídica” por lo que Azata tendrá la posibilidad de presentar alegaciones antes de que esta orden sea definitiva.
Las sanciones podrán ser reiterativas
La Junta de Andalucía ha avisado a la promotora de que en caso de que se niegue a ejecutar los trabajos, podrán imponer multas coercitivas y reiterativas. Y es que, cuando se dicte la orden, Azata tendrá que presentar su proyecto para demolerlo.
Las sanciones podrán repetirse de una forma sucesiva mientras la empresa se mantenga en la negativa de demoler este alojamiento. La finalidad de esta advertencia, señala Góngora, es que se cumpla la orden de derribo y restaurar la legalidad urbanística.
De momento, la Junta no ha detallado de cuánto serían las multas, pero sí se sabe que la imposición no sería inmediata porque depende de que por parte de Azata se incumpla la orden definitiva de demolición.
El comienzo de este expediente viene condicionado por las actuaciones que se han desarrollado por el Ayuntamiento de Carboneras, donde la anulación de la licencia municipal era el requisito previo que se pedía por la Justicia para poder abrir la vía y avanzar a la retirada de este inmueble.
El Gobierno actuaría de manera subsidiaria si la promotora no derriba el hotel
En el caso de que las sanciones no consigan que por parte de la promotora se ejecute el derribo, entraría el Gobierno de España de modo subsidiario para que se cumpla la orden según un acuerdo firmado en 2011. Este acuerdo señala que el Ejecutivo central será el que asuma la ejecución material de la demolición y que la Junta de Andalucía retiraría los escombros y se haría cargo del tratamiento de los residuos.
Luego las dos administraciones deben negociar el sistema de financiación para que se pueda recuperar ambientalmente el terreno en el que se encuentra el hotel. Para Góngora, este último paso es el “más determinante” para poder devolver la normalidad a un espacio que se ha visto alterado por esta edificación.