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El Gobierno de España promete igualar la pensión mínima al SMI

José Luis Escrivá avanza que en un año cambiarán la ley para establecer un mecanismo justo y sostenible para mejorar la pensión mínima teniendo en cuenta el SMI.

El Gobierno de España promete igualar la pensión mínima al SMI Esto es lo que pretende conseguir el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional
Javier Martín
Javier Martín
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El Gobierno de España ha mostrado su firme compromiso en mejorar las pensiones mínimas del sistema. Un cambio de guion inesperado, después de que José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mostrará su rechazo frontal hace escasamente un mes a igualar el salario mínimo interprofesional (SMI). Una estrategia, como justificó, que dejaría aún más raquíticas las ya mermadas arcas de la Seguridad Social, con pérdidas recientes de más de 65 millones de euros.

Pero entre medias han pasado muchas cosas. Un descuadre de cuentas que evitó en la gruesa batería de enmiendas con los agentes negociadores en la primera parte de la reforma de las pensiones que se aprobó la semana pasada, pero, que para volver a contar todo el respaldo total de los agentes sociales tras las últimas disidencias, ha obligado al Ejecutivo a comprometerse a revisarlo en un plazo de un año.

Una condición ‘sine qua non’ para sacar adelante una negociación con otros puntos vertebradores como la revalorización automática de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC), los nuevos coeficientes reductores sobre la jubilación anticipada o la subida de cotizaciones del 0,6% entre 2023 y 2032 como punto controvertido del nuevo factor de sostenibilidad, ya derogado, sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

La pensión mínima, insuficiente

Con el nombre de 'Suficiencia de las pensiones mínimas', la nueva Disposición Final Quinta al proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas para garantizar la sostenibilidad económica y social del sistema pretende subsanar lo que sindicatos, patronal y oposición consideran erróneo y es debido subsanar: mejorar las pensiones mínimas.

Es decir, un cambio legal para el que los departamentos ministeriales correspondientes tendrán un año para elaborarlo y que pretende "una revisión de los criterios para la determinación de la cuantía de las pensiones mínimas para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del SMI".

Los datos son elocuentes. Existen seis millones de pensionistas beneficiarios de una prestación, ya sea de viudedad, jubilación, incapacidad, orfandad y a favor de familiares, inferior a 965 euros, el SMI fijado desde este pasado mes de septiembre tras la última subida.

De ellos, la inmensa mayoría, 1,6 millones, reciben entre 650 y 700 euros, cuando la prestación media se cifra en, mínimo, mil euros. La gran mayoría recibe casi 400 euros menos que la prestación global promedio. En otras palabras, la pensión mínima y real es insuficiente y está por debajo de la media.

Equiparable al 90% del SMI

Es la petición que recoge la enmienda de ERC y Bildu pero que no tiene más visos de convertirse en realidad. Al menos, de momento. Que las pensiones mínimas del sistema se equiparen al 90% del salario mínimo interprofesional, mediante la configuración de un nuevo sistema de revalorización automática es algo que no contempla ahora Escrivá y su ministerio, que no quieren concretar objetivos. Pero sí que ha dado luz verde a tomar como referencia el SMI, a falta de acotar cifrar.

La Seguridad Social tendrá que someterse a una auditoría

No es la única consecuencia que ha tenido que asumir Escrivá tras el polémico último debate sobre la primera parte de la reforma de las pensiones. 

La izquierda parlamentaria ha solicitado al Ejecutivo incluir en el texto legislativo al respecto someter a la Seguridad Social a una auditoría pública de sus cuentas para medir la factura de los gastos impropios en el sistema de pensiones desde 1967 y que están comprometiendo la sostenibilidad presente y futura de su estructura financiera.

También se pretende garantizar el actual nivel de prestaciones públicas del sistema. Es decir, la tasa de sustitución del último salario.