Se aprueba el Ingreso Mínimo Vital y se cobrará desde el 15 de junio

Se aprueba el Ingreso Mínimo Vital y se cobrará desde el 15 de junio
Francisco Miralles

Como ya os adelantábamos durante esta semana, finalmente se ha aprobado en Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital. Esta ayuda económica parte de la cantidad de 462 euros al mes, comenzará a cobrarse a partir del 15 de junio pero, será retroactivo desde el día 1 de este mes.

La renta mínima vital garantizará que aquellos hogares con bajos recursos económicos cuenten con un mínimo de ingresos garantizados que oscilará entre los 462 euros y los 1.015 euros al mes.

Aquellas personas que estén interesadas en pedir la renta mínima vital, ésta se podrá solicitar desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre. Para ello deberá contar con los requisitos necesarios.

Entre alguno de estos requisitos podemos mencionar el, contar con residencia legal en España, estar inscrito en el Búsqueda activa para el empleo o no contar con bienes inmuebles por valor superior a los 100.000 euros.

En la presentación de esta prestación social ha estado acompañada por la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá pero, fue el Ministro Pablo Iglesias quien anunció hace tan solo una horas esta ayuda para los afectados del Covid-19 a través de su cuenta de twitter.

Dentro de poco, los Ministros Escrivá e Iglesias realizarán una comparecencia oficial para dar a conocer más detalles y explicar la cuantía, duración y requisitos para solicitarla.

https://twitter.com/PabloIglesias/status/1266307540234768386

El ingreso mínimo vital es un ayuda pensada para sacar de la pobreza a los hogares más vulnerables y más castigados por la pandemia del coronavirus.

Esta prestación se podrá solicitar en el Seguridad Social y podrá ser complementada con otras ayudas autonómicas y como novedad, las familias monoparentales recibirán además un plus de 100 euros en la cuantía asignada.

El gobierno tiene la intención que llegue a una 850.000 familias, lo que supondría cerca de 2,3 millones de personas y con un coste económico para el estado de 3.000 millones de euros.

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