El Reglamento del Congreso de los Diputados del 10 de febrero de 1982 comprende en sus artículos 85 y 86 la “votación pública por llamamiento”, esta consiste en que, en el momento de las votaciones (en el caso del decreto de la vivienda serán a las 15:00 horas) la presidenta de la Cámara Baja, Francine Armengol, llamará a los diputados uno a uno para que digan en voz alta ‘sí’, ‘no’ abstención.
Este formato es ‘especial’ porque generalmente sólo se emplea en situaciones extraordinarias o de gran relevancia como puede ser, por ejemplo, un acto de investidura del presidente del Gobierno. No obstante, el Reglamento del Congreso establece que si al menos dos grupos políticos solicitan que las votaciones se hagan de este modo, podrán realizarse, que es lo que ha sucedido en esta ocasión.
Pero ¿cómo funciona este modo de votar? Una persona de la secretaría de la Cámara lee los nombres de los políticos por orden alfabético del primer apellido, comenzando por un diputado que se escoge mediante un sorteo. Los miembros del Gobierno y los de la Mesa del Congreso también votan, pero al final.
Pablo Bustinduy tacha de “esbirros” al ala conservadora del Congreso
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar) ha calentado el ambiente poco antes de comenzar el pleno extraordinario en el que el Gobierno intentará convalidar los dos decretos de vivienda. Ha señalado que los partidos que votarán en contra, el ala conservadora, son “esbirros” de especuladores y rentistas acusándoles de “traición” a los españoles.
Ahora, se pretende un cambio de intención de voto de Junts que ha anunciado que va a estar en contra con palabras como que ambas normativas contiene “medidas que son importantes para frenar la especulación, detener a los fondos buitre o facilitar el acceso a la primera vivienda”.
