Los pensionistas tienen derecho por ley a que su pensión se actualice cada 1 de enero con la inflación media de diciembre a noviembre, una revalorización que este año alcanzó a cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones. Según la inflación que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta septiembre, la de 2027 estaría entre el 3,5% y el 3,6%, pero el adelanto electoral al 29 de noviembre que anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja su aprobación en un calendario muy ajustado.
Esa actualización la fija el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, la misma regla de la subida de las pensiones de 2026. Las no contributivas suben al menos en ese porcentaje y arrastran al Ingreso Mínimo Vital, que se calcula sobre su cuantía.
El INE publicará el dato definitivo de noviembre el 15 de diciembre (a finales de noviembre se conoce el dato adelantado), según su calendario de 2026, y para entonces el Gobierno ya estará en funciones, con la gestión limitada “al despacho ordinario de los asuntos públicos” (la del día a día) salvo urgencia o interés general acreditados. Las nuevas Cortes no se reunirán hasta el 23 de diciembre, según el real decreto de disolución publicado este martes.
La media de diciembre de 2025 a septiembre de 2026 está en el 3,33%, con el 4,9% de septiembre como dato todavía provisional (el indicador adelantado del INE). Si octubre y noviembre se quedan en el 4,3% de agosto, la subida sería del 3,5%, y si repiten el 4,9%, del 3,6%.
Para la pensión media de jubilación, que es de 1.576,10 euros, según los datos de la nómina publicada por la Seguridad Social en septiembre, una subida del 3,5% supondría unos 55 euros más al mes, 772 euros al año en 14 pagas. Las mínimas y las no contributivas subirán por encima del resto en 2027, tal y como recoge la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social.
La última vez que la subida coincidió con un Gobierno en funciones, tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, se aplazó hasta el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, cuyo preámbulo lo justificó así: “Resultó inevitable posponer la aplicación de esta medida hasta la formación de un nuevo Gobierno”. Un decreto así necesita después el visto bueno del Congreso, que antes del 23 de diciembre daría la Diputación Permanente (los diputados que asumen algunas funciones de la Cámara mientras está disuelta, según el artículo 78 de la Constitución).
Qué pasa con el salario mínimo y con la subida de los funcionarios en 2027
El salario mínimo lo fija el Gobierno cada año, tras consultar a sindicatos y patronal y sin pasar por el Congreso. Fuentes de Trabajo trasladan a LaInformación que la intención del Gobierno es continuar con el proceso, y el diario apunta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prevé reunir este mes al comité de expertos que propone la subida. El Gobierno de Mariano Rajoy ya aprobó en funciones el de 2016, y los 1.221 euros al mes en 14 pagas de 2026 llegaron con el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, con efectos desde el 1 de enero.
Los más de tres millones de empleados públicos tienen firmada una subida del 11% entre 2025 y 2028, con un 4,5% para 2027, según el acuerdo de Función Pública con UGT y CSIF de noviembre de 2025. El Real Decreto-ley 14/2025 solo recoge la de 2025 y 2026. La de 2027 necesita otra norma que, según LaInformación, el Gobierno podría intentar aprobar antes de las elecciones porque no tiene que esperar al dato del IPC. Hasta las elecciones del 29 de noviembre, el Gobierno conserva todas sus funciones.
Las leyes laborales que caducan con la disolución de las Cortes
Según el artículo 207 del Reglamento del Congreso, al disolverse la Cámara, caducan todos los asuntos pendientes de examen y resolución, salvo los que corresponden a la Diputación Permanente. Ahí estaban el Estatuto del Becario y la proposición de Podemos para jubilarse antes sin penalización con 40 años cotizados, que tendrán que presentarse de nuevo en la próxima legislatura. La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni siquiera había llegado al Congreso, porque el Gobierno aprobó el anteproyecto en abril y no lo envió como proyecto de ley.
Los reales decretos no caducan con la disolución. Es el caso del nuevo registro horario, que Trabajo confiaba en aprobar este octubre tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Lo que exige cambiar una ley queda en el aire, como la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días y los nuevos permisos por cuidados paliativos y por eutanasia que anunció Trabajo (hoy son dos días, cuatro si hay que desplazarse).
Para los pensionistas, si la subida se aprueba ya entrado enero, el precedente es el decreto de 2020, que la aplicó “con efectos de 1 de enero”, aunque la diferencia de enero llegó como atrasos en la nómina de febrero, según la Seguridad Social. En 2026, el Congreso tumbó el 27 de enero el primer decreto de la subida, pero los pensionistas ya la cobraban desde enero.
