El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció dos consejos de ministros extraordinarios antes de las elecciones del 29 de noviembre, que se sumaban a los dos ordinarios, de modo que se han aprobado ya importantes medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional un 5,3% o el alza del sueldo a los funcionarios en un 4,5%. Ahora es el turno de una de las medidas ya anunciadas por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que hace referencia a la regulación de los centros de datos.
Así, este 20 de noviembre se ha dado un paso importante y se han aprobado dos medidas pensadas para garantizar el futuro energético y tecnológico de España, como ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a esta reunión. La nueva planificación de la red eléctrica contempla inversiones de 17.142 millones de euros hasta 2030 y por otro, un real decreto que marca las nuevas condiciones para los centros de datos, cuya demanda de electricidad está subiendo debido al incremento en el uso de la Inteligencia Artificial o a los servicios digitales.
Hay que señalar que la aprobación final de esta normativa no ha estado exenta de críticas, muchas de estas provenientes de las negociaciones con empresas, con las Comunidades Autónomas y con los diferentes organismos reguladores. La intención es la de adaptar las infraestructuras eléctricas a un alza de la demanda, dando paso a la entrada de nuevas inversiones industriales, evitando que el crecimiento de estos centros de datos sature la red.
Inversión ambiciosa para mejorar la red eléctrica
Una de las medidas que ha salido adelante es la nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica con la vista puesta en 2030, contemplando para ello una inversión de 17.142 millones de euros, que aumenta el 150% de los destinado en otros años.
Los datos los ha presentado Sara Aagesen, que es la ministra de Transición Ecológica y ha señalado que gracias a este dinero se podrá atender unos 47 gigavatios de la nueva demanda eléctrica, destinados a la industria, al hidrógeno renovable, los centros de datos y las nuevas viviendas.
Se contemplan 14,9 gigavatios para la electrificación industrial, 12,4 para el hidrógeno renovable y 9,3 para centros de procesamiento de datos reservando 6 gigavatios para vivienda y desarrollo territorial, capacidad que el Gobierno estima como equivalentes al consumo de 3 millones de viviendas con alta capacidad de electrificación.
Construirán 6.700 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, mejorando 8.164 kilómetros de tendidos existentes y desarrollando 193 parques de subestaciones. Como adelantó El País, se han generado diferencias entre Madrid y Aragón, que han mantenido que son insuficientes para atender a sus proyectos.
Nuevas condiciones para que los centros de datos accedan a la red eléctrica
También se ha dado luz verde a un real decreto que va a regular el acceso y la conexión de los centros de datos a las redes de alta tensión. Los centros de datos se emplean para almacenar y procesar información por lo que necesitan una alta cantidad de energía. Se han expandido gracias a la Inteligencia Artificial y a los servicios en la nube y por eso, se ha hecho necesario un ajuste para atender la demanda.
Las exigencias que ha planteado el Gobierno están ligadas a la eficiencia energética, consumo de agua, uso de renovables en un 80% y flexibilidad en la demanda eléctrica. La propuesta ya consiguió, cuando fue planteada, el rechazo de representantes del sector que consideraban que algunas de estas condiciones pudieran poner en problemas el desarrollo de nuevos proyectos desviando inversiones a otros países.
Hay empresas potentes con intereses en este mercado como son Amazon, Microsoft, Google, Iberdrola o Merlin Properties. Las patronales han trasladado sus quejas durante la tramitación de la norma, aunque el Gobierno ya ha realizado algunos cambios una vez analizadas las alegaciones.
Ahorro de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica
La vicepresidenta tercera ha señalado que el despliegue de los centros de datos ha provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica, y un alza del 25% en el recibo industrial. Ha reivindicado que España es “un país pionero” y que a “nivel mundial no existe otra referencia". “Estamos a tiempo de que estas situaciones que se han vivido en países de nuestro entorno y al otro lado del Atlántico, no pueden impactar por igual en nuestro tejido productivo, nuestros consumidores y nuestros territorios”.
La norma exige que los data centers acrediten que el 80% del consumo anual procede del autoconsumo y de contratos a plazo con instalaciones renovables puestas en marcha no más de 18 meses antes que el centro, con una senda flexible hasta 2032.
De este modo, se han suavizado las exigencias del borrador que recibió más de 600 alegaciones, críticas del sector y un informe de la CNMV

