Tener una vivienda con un balcón o terraza con vistas al mar es uno de los principales atractivos de una vivienda, pero puede ser un problema cuando la estructura se deteriora por la humedad o el viento. Esto puede llegar a agravarse hasta el punto que le ha pasado a esta comunidad de vecinos, que llevan meses sin poder usar los balcones por una prohibición del ayuntamiento y, si no hacen las reparaciones oportunas, podrán incluso verse obligados a abandonar sus casas.
El edificio se encuentra en la localidad francesa de Saint-Jean-de-Monts, donde, según recogen desde medios franceses como Figaro Immobilier, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio una orden que prohíbe a los residentes de este edificio salir a sus balcones. Los vecinos no pueden colocar plantas, mesas o sillas ni disfrutar de las vistas al mar desde estas zonas de sus viviendas.
La orden por parte del ayuntamiento llegó después de una inspección en la que se pudo comprobar que se estaban produciendo desprendimientos no solo de pintura, sino de parte de las losas y el hormigón de las terrazas. Por el riesgo que esto supone tanto para vecinos como para quienes transiten la calle el alcalde explicó en TF1 que “hemos emitido una ordenanza para proteger al público y a los residentes de este edificio”.
Si no hacen las reparaciones serán desalojados
Un informe pericial realizado en enero detectó varios problemas en la estructura, entre ellos fallos en la impermeabilización, corrosión avanzada de las barras de refuerzo y una concentración de cloruros superior a los niveles considerados adecuados.
Según los técnicos, todos estos daños afectan a la resistencia de los balcones y hacen dudar de su capacidad para soportar peso. Por este motivo, actualmente están sujetos mediante puntales mientras se decide y se ejecuta la reparación definitiva.
El Ayuntamiento ha dado un plazo de seis meses desde la publicación de la orden para realizar las obras. Si para finales de diciembre los trabajos no están terminados, los residentes podrían verse obligados a desalojar el edificio.
Además del posible desalojo, no llevar a cabo las obras en el edificio supondría una multa de 100 euros al día y por vivienda durante el tiempo que continúe el retraso, ya que la única forma de que los vecinos puedan volver a usar sus balcones y terrazas es que se hayan realizado las reparaciones exigidas.
Las reparaciones podrían costar miles de euros
El edificio fue construido en 1964 y su ubicación junto al mar ha contribuido al deterioro. La exposición continua al ambiente salino puede acelerar la corrosión del hierro de las estructuras, que termina oxidándose, aumentando de tamaño y dañando el hormigón que lo rodea.
Para los propietarios, el principal problema ahora es el coste de las obras. “Será un gasto considerable. Seguro que algunos querrán vender. Y cuando se vende en estas condiciones, no se vende en las mejores condiciones”, lamentó el presidente de la comunidad de vecinos.