España está entre los países de Europa que invierte menos recursos por desempleado para fomentar las políticas activas de empleo. Aunque el presupuesto total que está destinado a estos programas ha aumentado en los últimos años según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la inversión media se queda en 3.331 euros al año por cada persona sin trabajo, lejos de las cantidades que aparecen en otros países de la Unión Europea.
Esta realidad se ha conocido gracias a un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid y la vicesecretaría general de UGT llamado ‘Retos de las Políticas de Empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea’. En este, se analiza el funcionamiento del sistema y se propone reorientar este gasto para mejorar la inserción laboral especialmente en los colectivos de más vulnerabilidad.
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La diferencia con otros países de Europa destaca, y no de una manera precisamente positiva. De hecho, se apunta a que Alemania destina 16.890 euros anuales por desempleado y por parte de Francia la suma es de 14.250 euros, de modo que en España se invierte cinco veces menos que Alemania y más de cuatro veces menos que en Francia.
Esta distancia aumenta cuando se comparan los datos españoles con los países que están en la cabeza de estas políticas, Irlanda dedica 45.190 euros por desempleado, Dinamarca 41.310 euros, Luxemburgo 36.000 euros y Bélgica 27.500 euros.
La subida presupuestaria no llega igual a todos los parados
El estudio marca una importante comparativa entre España y el resto de la Unión Europea (UE), donde destaca que entre los años 2018 y 2022 la inversión en políticas de empleo aumentó un 20% pasando de 8.500 a 10.200 millones de euros, suponiendo esta cantidad un 0,762% del PIB (Producto Interior Bruto) y colocando a nuestro país en la parte alta de la tabla de los europeos.
Pero los últimos datos del paro del mes de agosto muestran un crecimiento en la tasa de desempleo en 44.419 personas, provocando que el dinero de cada beneficiario sea mucho menor. Los 3.331 euros anuales al año por parado que se registraron en 2022 quedan bastante lejos de los países líderes, así como de otras economías de tamaño y productividad parecidas.
Los autores recalcan que la falta de recursos a la que se enfrenta cada persona de alta como demandante de empleo les frena en las opciones de orientación, seguimiento y formación individualizada. El problema afecta a los jóvenes y a quienes llevan más tiempo sin trabajar. En otro orden de cosas, el paro de larga duración se aúpa hasta el 38,8% del total de desempleados españoles llegando a una tasa del 3,8%, el doble que la media de la UE. Entre las mujeres es más evidente, subiendo hasta el 43,3% a lo que hay que sumar una tasa de paro juvenil del 24,5%.
Poner límite a las bonificaciones en la contratación
El sindicato UGT y la Universidad Carlos III piden que se revisen las ayudas a la contratación para que no se dé el llamado ‘efecto de peso muerto’. Estas son subvenciones que se conceden por empleos que según aparece en el informe, las empresas habrían creado conjuntamente sin cobrar dinero público.
Por eso, los incentivos como la bajada de las cuotas o los subsidios no deberían emplearse para todos por igual y en cualquier situación. La idea es que se mejoren para los colectivos altamente vulnerables, como los jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social, los mayores de 45 años y las personas desempleadas de larga duración.
El pago de las ayudas se hará una vez que se analice la situación y las necesidades que presenta cada demandante, y en el informe se recuerda que la mejor manera de que esto dé un vuelco es optar por la formación. El dinero que sobre, apuntan, deberá ir a estas acciones y por ejemplo, en 2024, el SEPE dejó 616,7 millones de euros destinados a cursos sin ejecutar.
La cuantía es el 35% del total de presupuesto previsto para formar a los trabajadores en activo y el 26% del asignado a los parados.
El SEPE necesita cubrir 3.500 puestos de trabajo
El SEPE está falto de personal y este es uno de los puntos que más llama la atención de este informe. La plantilla actual está compuesta por 11.811 puestos, de los que hay 8.304 cubiertos. Esto quiere decir que en el SEPE hay 3.507 vacantes del 29,7% previsto, a lo que hay que sumar la temporalidad, la interinidad y los problemas para poder relevar a los que se marchan de sus puestos.
La falta de trabajadores es un límite importante a la hora de gestionar las prestaciones y de orientar laboralmente a los desempleados, tal y como marca la Ley de Empleo. La atención individual resulta necesaria en el caso de los mayores de 45 años, los jóvenes y las personas que llevan mucho tiempo en la cola del paro.