La duda ha sido resuelta. Tras la derogación de los dos decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido convocar elecciones generales. Un escenario que, en lo laboral, deja muchas incógnitas. Y es que el Ministerio de Trabajo reanudó en septiembre el curso político con una amplia lista de ‘tareas pendientes’. Entre ellas está la reforma del registro horario, que pretendían sacar adelante este mes de octubre. Ahora, en este contexto, ¿podrían seguir aprobándolo?
Sí, lo cierto es que esta medida podría ver la luz aunque se hayan disuelto las Cortes Generales. La intención del Gobierno era sacarla adelante mediante un Real Decreto y no a través de una ley o un Real Decreto-ley. Esto es clave porque un Real Decreto no necesita ser convalidado posteriormente por el Congreso ni por la Diputación Permanente (que es lo que existe ahora).
Por tanto, la disolución de las Cortes no paralizaría la reforma del registro horario. Si el Gobierno mantiene la vía del Real Decreto, la norma podría aprobarse en Consejo de Ministros y entrar en vigor sin necesidad de una votación parlamentaria. Sobre esto, cabe señalar que el pasado viernes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, respondió a ‘NoticiasTrabajo’ que “a lo largo del mes de octubre, esperaban “despejar definitivamente el camino al Consejo de Ministros para el registro horario”.
Trabajo tenía intención de aprobarlo en octubre
La mano derecha de Yolanda Díaz, Pérez Rey, volvió a recordar que se trata de una medida muy importante para frenar “los abusos que se concentran en la realización de horas extraordinarias no pagadas o excesos de jornada habituales”. También explicó que su retraso (fue hace un año cuando se aprobó su tramitación urgente), se debe al dictamen desfavorable que recibieron por parte del Consejo de Estado.
“Desde que obtuvimos ese dictamen, que establecía una serie de reproches a cómo se planteaba el registro en el Real Decreto, hemos estado trabajando para depurar ese reglamento y superar en la medida de lo posible las objeciones señaladas, garantizando la integridad y la seguridad jurídica del texto”, indicó entonces.
Sin embargo, añadió que daban ese trabajo por “concluido”, tras “un esfuerzo muy considerable en buscar títulos competenciales vinculados a la prevención y a la salud laboral para justificar la legalidad del decreto”. Asimismo, afirmó que han intentado garantizar la protección de datos en la línea indicada por la Agencia de Protección de Datos y el propio Consejo de Estado, al mismo tiempo que han dado un mayor papel a la negociación colectiva en la conformación del registro.
Siendo las elecciones el próximo 29 de noviembre, el Gobierno en funciones tendría tiempo para poder aprobar esta reforma. Si bien hay otras que, por tener rango de ley, va a ser imposible sacar adelante.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales o el Estatuto del Becario, algunas de las medidas que caen
Lo que sí cae ahora, por la disolución de las Cortes, son las iniciativas parlamentarias que todavía se encuentran en tramitación. Aquí entrarían la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la reforma del despido, el Estatuto del Becario, la jubilación anticipada sin penalización para trabajadores con más de 40 años cotizados y las bonificaciones empresariales para Ceuta y Melilla.
Incluso aunque el Gobierno intentara sacar la reforma del despido mediante Real Decreto-ley, la Diputación Permanente podría tumbar esta reforma. Igualmente, parece poco probable, ya que Pérez Rey también explicó a este medio que estaban trabajando en trasladar la propuesta que presentaron CCOO y UGT en un texto normativo y articulado. Un trabajo que indicó que no es sencillo porque supone un cambio “muy profundo” en la regulación del despido.
“En cuanto la tengamos, volveremos a convocar esa mesa y seguiremos adelante con esta reforma, sin desconocer que parte de la misma está siendo objeto de debate en el propio Tribunal Constitucional”, agregó, en referencia al pronunciamiento que está pendiente de conocerse de este órgano.
Las reformas que tendría que retomar el próximo Gobierno
España tiene pendiente la transposición de la directiva europea sobre transparencia retributiva. De hecho, Trabajo reanuda inicialmente mañana martes la mesa de diálogo social para transponer esta directiva, que pretende garantizar el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o de igual valor.
El pasado agosto Trabajo publicó el borrador de esta norma, pero está pendiente de la recepción de distintos informes, por lo que seguramente no dé tiempo a su aprobación antes de las elecciones del 29 de noviembre. Ahora, el Gobierno, al igual que el resto de Estados Miembros de la Unión Europea, tenía de plazo hasta el pasado 7 de junio para completar esta transposición. Así, incumplió el plazo.
Al tratarse de una obligación de Europa, gobierne quien gobierne debe culminar con su adaptación a nuestro ordenamiento jurídico, ya que de lo contrario España se expone a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea que puede terminar en sanciones económicas.
Del mismo modo, previsiblemente habría una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una demanda de los sindicatos tras el encarecimiento de precios y la pérdida de poder adquisitivo. Trabajo pretendía convocar a la Comisión de Expertos este mes de octubre, que es el primer paso. Lo que sí estará por ver, en caso de que haya un cambio de gobierno, es qué pasara con la reforma que prometieron a los sindicatos de que los pluses y complementos salariales no puedan ser absorbidos en las subidas del SMI.
Este cambio normativo se iba a incluir en la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados y ya se sometió a audiencia pública el proyecto de Real Decreto para su transposición a finales de febrero. Están también pendiente de recibir los informes de distintos organismos, como el del Consejo de Estado.