El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha reconocido el derecho de un trabajador a cobrar 10.301,37 euros de indemnización por despido, después de que su empresa no se la abonara alegando problemas económicos y falta de liquidez. El empleado siguió trabajando durante casi un mes después de que le comunicaran su despido. Aunque inicialmente la justicia le negó la indemnización al considerar que la relación laboral había terminado por un acuerdo entre ambas partes, el tribunal ha determinado que continuar trabajando después de recibir la carta de despido no supone perder el derecho a cobrarla.
El empleado llevaba trabajando para la empresa desde el 16 de octubre de 2021, como programador, recibiendo un salario mensual de 4.000 euros brutos. El 31 de julio de 2025 le comunicaron su despido por causas económicas, organizativas y productivas, reconociéndole una indemnización de 10.301,37 euros, correspondiente a 20 días de salario por año trabajado.
Sin embargo, la empresa no se la abonó en ese momento, alegando que atravesaba una situación económica complicada y que no tenía liquidez suficiente para hacer frente al pago. Pese a que el despido tenía efectos inmediatos, el empleado continuó trabajando hasta el 28 de agosto de 2025, cuando la empresa tramitó su baja en la Seguridad Social. Ese mismo día, le envió por correo electrónico la carta de despido y el documento de liquidación y finiquito, en el que figuraba expresamente como motivo de baja “Extinción causas objetivas”.
Además de la indemnización, el trabajador reclamaba varias cantidades pendientes de pago, entre ellas 4.000 euros correspondientes al salario de julio, 3.733,33 euros por los días trabajados en agosto y 2.400 euros por las vacaciones que no había disfrutado.
Acude a la justicia para reclamar las cantidades pendientes
En un primer momento, el Tribunal de Instancia de Menorca estimó solo parcialmente la demanda del trabajador, condenando a la empresa a pagarle 8.066,66 euros por los salarios atrasados y vacaciones, aplicando el recargo por demora y los intereses.
Sin embargo, le denegó la indemnización por despido al considerar que, como había seguido trabajando hasta el 28 de agosto de 2025, el despido comunicado el 31 de julio no se había hecho efectivo. Por ello, entendió que la relación laboral había terminado de mutuo acuerdo, lo que le dejaba sin derecho a cobrar la indemnización. No conforme con esta decisión, recurrió ante el TSJ de Baleares.
El TSJ de Baleares le reconoce el cobro de la indemnización
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dio la razón al trabajador al comprobar que tanto los correos electrónicos como el documento de finiquito demostraban que la propia empresa había reconocido que la relación laboral terminó por un despido por causas objetivas.
En este sentido, la Sala explicó que el hecho de que el empleado siguiera trabajando hasta el 28 de agosto no suponía que el despido hubiera quedado sin efecto ni que hubiera renunciado a su indemnización. Simplemente, la fecha efectiva del despido se había retrasado hasta ese día, momento en el que la empresa estaba obligada a abonarle los 10.301,37 euros que le había reconocido.
Además, el tribunal señaló que no existía ninguna prueba de que el trabajador y la empresa hubieran llegado a un acuerdo para poner fin al contrato sin indemnización. Según el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, era la empresa la que tenía que demostrar que había llegado a ese acuerdo con el trabajador, pero no aportó ninguna prueba que lo acreditara y tampoco se presentó al juicio.
Por todo ello, el TSJ de Baleares estimó el recurso del trabajador y condenó a la compañía a pagarle 10.301,37 euros en concepto de indemnización por despido objetivo. Asimismo, mantuvo la condena anterior de 8.066,66 euros por los salarios pendientes, las vacaciones no disfrutadas y el recargo por demora, por lo que la empresa debía abonarle un total de 18.368,03 euros, sin perjuicio de la posible responsabilidad del FOGASA.
La sentencia no era firme y se podía recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.