Los jubilados con 40 años cotizados piden un decreto ley contra el recorte de hasta el 28% en su pensión, la vía que el Gobierno ya usó con las Cortes disueltas

La Seguridad Social remite al Pacto de Toledo el fin del recorte, aunque en 2019, con las Cortes disueltas, un decreto ley recuperó el subsidio para mayores de 52 años.

Manifestación de Asjubi40 |Facebook
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Los coeficientes reductores son el recorte que la Seguridad Social aplica de por vida a quien se jubila antes de la edad de jubilación ordinaria, y con 40 años cotizados llega al 19% si se adelanta dos años de forma voluntaria y al 28% si se adelanta cuatro tras un despido colectivo u objetivo. La asociación Asjubi40 ha registrado un escrito en el Congreso donde pide eliminarlo por decreto ley, ahora que la disolución ha hecho caducar la proposición de ley que lo buscaba.

Según el comunicado que recoge este viernes Europa Press, Asjubi40 entiende que quitar el recorte cumple la “extraordinaria y urgente necesidad” que exige el artículo 86 de la Constitución, y que las elecciones no pueden servir para “perpetuar un agravio comparativo” que, según sus cálculos, sufren cerca de un millón de pensionistas (870.584 pensiones, según el Gobierno).

Con las Cámaras disueltas, los artículos 78 y 86 de la Constitución dan a la Diputación Permanente (que funciona hasta que se constituyan las nuevas Cortes, el 23 de diciembre) la facultad de convalidar o derogar los decretos ley en los 30 días siguientes a su promulgación.

El Gobierno aprobó así el 6 de octubre, el día en que se publicó la disolución, los decretos de alquiler y de vivienda asequible. En 2019, con las Cortes disueltas desde el 5 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2019 devolvió a los 52 años la edad de acceso al subsidio para mayores, que el Real Decreto-ley 20/2012 había subido a los 55.

Qué pasa con el recorte si no hay decreto ley

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, en una pregunta realizada por NoticiasTrabajo durante la rueda de prensa de presentación de los datos del paro situó el fin del recorte “en el marco del Pacto de Toledo y en la mesa de diálogo” con sindicatos y patronal, pero sin poner fecha. Sobre este tema, el Gobierno ya cifró en mayo, en una respuesta parlamentaria, en 3.358 millones de euros al año el coste de quitarlo a quienes ya cobran la pensión.

La proposición de Podemos se queda sin aprobar. El artículo 207 del Reglamento del Congreso da por caducados los asuntos pendientes al disolverse la Cámara. Había superado el 22 de septiembre la toma en consideración (la votación que decide si se tramita) con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones del PP, y tendrá que empezar de nuevo en las próximas Cortes.

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