El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social para las personas y las familias que no llegan a un mínimo de ingresos, y de la que depende el número de miembros que conformen la unidad de convivencia. Muchos de los que comparten piso o alquilan una habitación creen que se quedan fuera, o que los ingresos de sus compañeros de piso cuentan en el cálculo. María López, funcionaria de la Seguridad Social explica que “aquí lo importante es que no formes una unidad de convivencia con el casero con el que supuestamente hay convivencia”.
María López (@maria.prooposiciones) que es funcionaria en la Seguridad Social desde 2019 y prepara a opositores al cuerpo administrativo, parte, en uno de sus vídeos, de un titular que dice que el Gobierno concede 733 euros a los inquilinos que tengan alquilada una habitación en un piso compartido, siempre que no sean familiares del casero. “No, no es broma y yo te lo voy a explicar perfectamente por si te encuentras en esta situación”, responde, aunque después aclara que esa cifra no es fija y depende de lo que se ingresó el año anterior.
Los compañeros de piso no forman una unidad de convivencia
Lo primero que aclara María es qué es una unidad de convivencia es “con carácter general es la que está formada por dos o más personas que viven en la misma vivienda” y que están unidas por matrimonio, pareja de hecho o parentesco hasta el segundo grado, ya sea de sangre (consanguinidad) o político (afinidad, como los suegros o los cuñados). “Como por ejemplo, un hijo, hermanos, abuelos, etc.”, añade. Así lo recoge el artículo 6 de la Ley 19/2021, la que regula el IMV.
Sobre si cuenta como unidad de convivencia vivir de alquiler en una habitación con personas que no son de la familia, la funcionaria responde que “no, porque la normativa establece específicamente esta situación. Habla de los convivientes sin vínculo de parentesco y está regulado en el artículo 9 de la Ley 19/2021”.
Ahora, ese artículo 9 pide algo más que no ser familiares, ya que solo pueden ser titulares de la ayuda quienes estén en riesgo de exclusión. La ley exige que lo acredite un certificado de los servicios sociales o de una entidad del tercer sector inscrita en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
Además, salvo excepciones, quien la pide por su cuenta tiene que tener al menos 23 años, llevar un año de residencia legal en España y haber vivido antes fuera de casa de sus padres: dos años si es menor de 30, con al menos 12 meses de alta en la Seguridad Social en ese tiempo, y uno si es mayor de 30.
También cuenta el contrato, ya que si da el uso exclusivo de una habitación (o de otra parte de la casa), esa parte pasa a ser el domicilio de quien la usa. La Seguridad Social lo aplicó a las familias que comparten piso con personas ajenas en su criterio de gestión 9/2025, del 24 de abril de 2025 donde señaló que si tienen ese contrato, les basta con presentarlo, sin el certificado de los servicios sociales sobre la falta de parentesco con el resto. El criterio no dice nada, eso sí, de quien pide la ayuda por su cuenta ni del certificado de riesgo de exclusión.
Cuando el casero es un familiar cercano
Distinto es el caso de un casero que sea de la familia, porque la ley pone el límite en el cónyuge, la pareja de hecho y los parientes hasta el segundo grado. María se refiere a un casero que fuese “un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad” (padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos). “En este caso pasaríais de ser conviviente sin parentesco a pasar a ser una unidad de convivencia con el propietario”, advierte, “lo que cambia todo el cálculo”.
Eso es así, ya que, como explica María, la Seguridad Social tendría en cuenta los ingresos de toda la unidad de convivencia, los del casero incluidos si vive en el piso.
Lo que queda de los 733 euros
“Ojo, porque aquí es donde más se confunde la gente”, avisa María sobre la otra mitad del titular, la de la cifra. “El Ingreso Mínimo Vital no es una cantidad fija que se te dé entera cada mes. Es una prestación diferencial que cubre la diferencia entre tus ingresos y la renta garantizada”.
La renta garantizada es, en sus palabras, “el mínimo con el que la ley dice que deberías poder vivir según tu situación”. Para quien pide la ayuda por su cuenta (el beneficiario individual, aunque comparta piso) son 8.803,20 euros al año en 2026 (la misma cantidad que la pensión no contributiva), que repartidos en doce meses dan los 733,60 euros del titular. “Cógete un lápiz y un papel y apunta”, dice la funcionaria. “Eso es lo que te darían si no tuvieses ningún tipo de ingreso en el año anterior. Aunque, por supuesto, hay excepciones”.
Con ingresos, la cuenta baja, y María lo muestra con el caso de alguien que el año pasado ingresó 4.000 euros: “No te van a dar los 8.803,20 euros íntegros. Te van a dar la diferencia entre la renta garantizada menos los 4.000 euros que fue lo que cobraste durante el año anterior”. Es decir, que le quedarían 4.803,20 euros al año, que entre doce meses son “aproximadamente 400 euros mensuales” (400,27 euros).
La renta garantizada sube un 22% para el beneficiario individual (artículo 13.2 de la Ley 19/2021), hasta los 894,99 euros al mes en 2026, “si tienes discapacidad en un grado igual o superior al 65%”, matiza María López.