El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada el miércoles de la vivienda madrileña en la que residía desde 1956, ha convertido su caso en el nuevo símbolo de las protestas por el acceso a la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha convocado para este sábado, 26 de septiembre, una manifestación que partirá a las 18.30 horas de la Puerta del Sol y terminará ante el Congreso de los Diputados, mientras reclama al Gobierno la aprobación de un paquete de reformas bautizado como ‘decreto Maricarmen’.
La organización pretende trasladar la conmoción provocada por el desalojo al terreno de la movilización y de la presión política bajo el lema ‘Ni una Maricarmen más’. Así, el sindicato asegura haber recibido más de 2.000 solicitudes de personas interesadas en participar y cifra en 40 las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país.
“No vamos a parar hasta que no le vuelva a suceder a ninguna Maricarmen más”, defendieron los portavoces del movimiento durante la presentación de la convocatoria. La Confederación Estatal de Sindicatos de Inquilinas considera que el caso supone un “punto de inflexión” y reclama medidas que vayan más allá de las respuestas adoptadas hasta ahora por las administraciones.
Maricarmen vivía desde hacía siete décadas en su piso del barrio madrileño de Retiro. La propiedad había reclamado una renta de 2.650 euros mensuales frente a los aproximadamente 500 euros que abonaba la inquilina. Incluso una donante anónima se había ofrecido antes del desalojo a sufragar la diferencia para intentar evitar que tuviera que abandonar la vivienda.
El conflicto culminó el miércoles con la ejecución del desahucio, cuando la mujer salió del edificio en camilla y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón. Su caso había movilizado previamente a vecinos y organizaciones sociales y había provocado la intervención de distintas administraciones sin que se alcanzara a tiempo una solución que evitase el lanzamiento.
Cinco cambios en las reglas del alquiler
El movimiento inquilino quiere aprovechar ahora la repercusión del caso para impulsar una reforma de mayor alcance que recoja nuevas medidas frente a los desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que incluya los alquileres de temporada y por habitaciones, una ampliación efectiva de las prórrogas, la congelación de las actualizaciones de las rentas de los contratos vigentes, y la renovación automática de los alquileres una vez alcanzado su vencimiento.
Esta última es la principal novedad defendida por el sindicato. Su planteamiento consiste en que, cuando termine el plazo de un contrato, este vuelva a renovarse automáticamente. Si el propietario decide no continuar con el arrendamiento sin acreditar una causa, la propuesta contempla una indemnización para el inquilino. La organización trabaja con una referencia de un mes por cada año de permanencia en la vivienda, aunque el texto todavía estaba pendiente de cerrar sus últimos detalles.
La propuesta supondría modificar así el régimen ordinario del alquiler. La legislación vigente permite la actualización anual de la renta cuando así se haya pactado y establece las condiciones de las prórrogas. Además, desde marzo está en vigor una limitación extraordinaria que restringe al 2% la actualización anual de los alquileres hasta finales de 2027 y permite, en determinados contratos, solicitar hasta dos años adicionales de prórroga.
Por ello, el Sindicato de Inquilinas pretende ir más lejos y llevar las actualizaciones de los contratos vigentes al 0%. También reclama intervenir sobre modalidades como el alquiler de temporada y de habitaciones, cuyo crecimiento ha abierto un nuevo frente en la regulación del mercado.
Presión sobre el Gobierno de Sánchez
La organización quiere que su propuesta llegue al Consejo de Ministros y ha iniciado contactos con los grupos parlamentarios y su objetivo es que el Ejecutivo apruebe el denominado decreto Maricarmen.
“Las migajas que nos pretendía ofrecer Sánchez ya no nos valen”, ha afirmado Carme Arcarazo, portavoz de la Confederación Estatal de Sindicatos de Inquilinas, sosteniendo que, después de años de negociaciones, las políticas desarrolladas hasta ahora resultan insuficientes y ha reclamado “medidas contundentes” para afrontar el problema.
La organización también ha interpelado directamente a UGT y CC OO para reclamarles una huelga general vinculada al derecho a la vivienda y al coste de la vida, y ha dirigido sus críticas tanto al Gobierno central como al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en una estrategia que trata de mantener la movilización al margen de la pugna partidista entre los dos grandes bloques políticos.
La marcha de este sábado servirá para medir hasta qué punto el caso de Maricarmen consigue transformar la indignación de los últimos días en una movilización de mayor alcance. El recorrido terminará precisamente frente al Congreso, escenario elegido por los convocantes para trasladar una exigencia que va mucho más allá de resolver un único desahucio, como es cambiar las reglas que determinan cuánto dura un alquiler, cuánto puede subir y bajo qué condiciones puede terminarse.