Las empresas energéticas son las grandes beneficiarias de la subida del precio de los carburantes o la electricidad que derivan del conflicto en Oriente Próximo. Eso, al menos, es lo que entienden los expertos y el Gobierno que llevará al Pleno del Congreso durante esta semana una proposición no de ley para que estas compañías paguen un impuesto acorde con las ganancias extraordinarias que están consiguiendo.
La propuesta ya ha sido respaldada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y Podemos ya lanzó un aviso a principios del mes de septiembre. Pidieron, por medio de su secretario de organización, Pablo Fernández, un gravamen del 30% a las energéticas ya que, como señalaron, “se están forrando”.
Sirva como referencia para este caso lo que está sucediendo en Alemania, Italia, Austria o Portugal, que junto a España mandaron una carta a la Comisión Europea en la que justificaban y pedían este tributo.
El PSOE ha tomado esta petición como referencia y la expone en una PNL para aliviar la carga sobre consumidores y contribuyentes.
La carga económica de las guerras no debe recaer en el ciudadano
En la propuesta se pide que los costes para Europa de la crisis provocada “por la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán no caigan exclusivamente sobre los consumidores y el erario público”.
Para el Grupo Socialista, es “justo y razonable” que si las empresas energéticas más importantes consiguen beneficios extraordinarios por el alza de los precios de los combustibles fósiles, tengan que ayudar de manera “extraordinaria y especial” a paliar estos efectos.
Los socialistas apuntan a que este planteamiento no es nuevo y que ya se vio algo similar durante los comienzos de la invasión rusa a Ucrania en el año 2022 cuando la Unión Europea puso en marcha una ayuda temporal solidaria como hizo el Gobierno de España. “La actual situación presenta paralelismos con la de aquel año, por lo que está justificada la adopción de una herramienta fiscal extraordinaria como la de entonces”, dicen desde el Gobierno.
Cómo será este nuevo impuesto y a quién afectará
El nuevo gravamen que quiere aplicar el Gobierno junto con otros países y del que ya ha dado aviso a la Unión Europea, deberá tener una base imponible adecuada, de manera que la puesta en marcha no implique una traslación a los precios, recayendo en la ciudadanía en lugar de sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas.
Afectaría a las grandes empresas del sector energético ya que está pensado para recaer sobre los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones eléctricas, gasísticas o petroleras y no sobre el pequeño consumidor.
Además de manera indirecta podría llegar al pequeño consumidor, como un beneficio indirecto ya que busca que lo recaudado valga para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía y de los combustibles.