El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reiterado que el Gobierno va a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 antes de que termine este año y ha confirmado la intención de Pedro Sánchez de que las elecciones generales sean cuando están estipuladas, no antes (es decir, el año que viene). El Partido Popular (PP), ante estas afirmaciones, sigue mostrándose incrédulo y pone sobre la mesa una realidad que se ha podido comprobar en los últimos movimientos para aprobar las cuentas públicas: no cuentan con apoyos para aprobarlos “incluidos sus socios”. Porque, además, con las cuentas de 2023 prorrogadas, este sería el cuarto año en que el Gobierno incumple con el plazo que marca la Constitución Española.
Este documento oficial desde 1978, señala en su artículo 134.3 que las cuentas públicas deben presentarse al menos tres meses antes de que termine el año (31 de diciembre de 2026 en este caso).
Ha sido el senador del PP, Gerardo Camps quien ha preguntado una vez más al responsable de la cartera por el estado de las nuevas cuentas públicas ya que este miércoles termina el plazo constitucional para su presentación. “Una conocida cantante preguntaba con paciencia infinita por su anillo, que nunca llegaba. Mil tres días después, cuando vence el plazo constitucional le pregunto, señor ministro: ¿los presupuestos para cuándo?”
El problema, explicó Camps es que el Gobierno no tiene apoyos para aprobar las cuentas públicas “ni siquiera de sus socios” y el ministro le contestó enumerando algunas Comunidades Autónomas (del PP) como Aragón, Baleares, Castilla y León y Murcia donde están prorrogados estas cuentas y asegura que durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy die donde se dieron más modificaciones presupuestarias.
“Fueron parches para rescatar a la banca y hoy las modificaciones presupuestarias son para avanzar en derechos sociales”, ha concluido España.
Un Gobierno no funciona “a golpe de decreto”
Los de Núñez Feijóo han aprovechado la situación desencadenada tras la polémica aprobación en el Consejo de Ministros del ‘decreto Maricarmen’ para señalar el modus operandi del Ejecutivo de coalición. “Gobiernan a golpe certero” ya que “deprisa y corriendo y en un ejercicio de trilerismo político sin par, dos decretos de vivienda”.
A pesar de esto, España ha aprovechado para pedir a los populares que este viernes voten a favor de las nuevas medidas de vivienda (que ya están publicadas en el BOE) y que cuentan con medidas fiscales que son favorables a los propietarios y deducciones para el alquiler, cuestiones que, según ha dicho, ha demandado el PP en algunas ocasiones.
Incremento de los costes salariales en los contratos públicos
La senadora del PNV, María Dolores Etxanu ha participado en este debate preguntando por la respuesta que, desde Hacienda, se va a dar al incremento de los costes salariales en los contratos públicos intensivos en mano de obra. Desde su partido se pide un mecanismo que sea objetivo tasado y limitado para determinados contratos intensivos de mano de obra cuando estos incrementos salariales lleguen de modificaciones legales o de los convenios colectivos.
España ha asegurado que estos cambios en la ley de contratos del sector público le genera “algunas dudas” desde el punto de vista de la oportunidad, la eficiencia y la igualdad defendiendo preservar la seguridad jurídica y el uso de los recursos públicos.
Verifactu “ahogará a las pymes y autónomos”
Durante la sesión de control al Gobierno, el senador de Junts, Eduard Pujol ha preguntado por la obligación que el Ejecutivo va a poner a las empresas, pymes y autónomos para realizar inversiones y adaptarlas a Verifactu, cuando en menos de 3 años deben adaptar de nuevo estos sistemas al marco europeo.
“Es una doble adaptación tecnológica y que se dupliquen costes y esfuerzos en un momento en el que los empresarios están suficientemente asfixiados”. España ha contestado que las inversiones realizadas por las empresas y autónomos para adaptarse a este sistema no quedarán inútiles tras la implantación de ViDA, que es el IVA en la era digital y es de implantación europea.
“Digitalizar no quiere decir complicar” ni la lucha contra el fraude “puede poner costes desproporcionados a quienes cumplen”. Por eso, ha prometido una transición “gradual, coordinada y técnicamente reutilizable”.